Perú: La Fiscalía pide que Kuczynski no pueda salir del país

El equipo especial anticorrupción de la Fiscalía de Perú solicitó al Poder Judicial que impida la salida del país de Pedro Pablo Kuczynski, tras su renuncia a la presidencia en medio de denuncias por compra de votos en el Congreso, informó la prensa local.

El pedido de la Fiscalía fue presentado anoche ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que procesa los casos de corrupción vinculados al escándalo Lava Jato en el Perú, de acuerdo a fuentes del Ministerio Público citadas por los medios.

Kuczynski ya era investigado por la fiscalía por los presuntos vínculos de su empresa Westfield con la constructora brasileña Odebrecht, así como de la compañía First Capital de su socio chileno Gerardo Sepúlveda, cuando el mandatario era ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

El Congreso tenía previsto debatir este jueves su destitución por incapacidad moral permanente, pero Kuczynski presentó ayer su carta de renuncia al Legislativo, ante los pedidos de dimisión de diversos sectores políticos, incluido el propio oficialismo.

El presidente del Parlamento, Luis Galarreta, presentó además ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, una denuncia por los audios y videos difundidos en la noche del martes que revelaron un intento de compra de votos de un legislador opositor contra la destitución de Kuczynski.

El titular del Legislativo también había anunciado un proceso de acusación constitucional para desaforar a cinco congresistas, entre ellos la actual primera ministra, Mercedes Aráoz, y a Kenji Fujimori, por una supuesta compra de votos para evitar la destitución del ahora ex mandatario.

Kenji Fujimori, Ramírez y Bocángel son tres los diez congresistas autodenominados "avengers" (vengadores) que en la anterior moción de destitución contra Kuczynski, en diciembre último, salvaron al presidente de ser destituido gracias a su abstención, con la que contravinieron el voto a favor en bloque del fujimorismo.

Tres días después, Kuczynski indultó al ex presidente Alberto Fujimori de la condena de 25 años de prisión que purgaba por delitos de lesa humanidad, tal como le había pedido reiteradamente su hijo Kenji, quien a su vez renunció a Fuerza Popular con el resto de los disidentes y se posicionaron a favor del gobierno.