El Fondo Único de Combustibles realizó una auditoria a pedido del ministro de Economía de la provincia, Atilio Chara y detectó incongruencias entre los precios que pagaba el Estado por litro de combustible y los valores que efectivamente figuraban en los surtidores de decenas de estaciones de servicios de capital y del resto de la provincia.
La investigación se inició a principios de septiembre pasado y expuso la existencia de sobreprecios que se facturaban al Estado provincial, lo que de comprobarse judicialmente configuraría una millonaria estafa al erario público.
El Fondo Único de Combustible fue creado en el año 91 por decreto y quedó bajo la exclusiva órbita de Contaduría General de la Provincia. El instrumento le otorgó a esa repartición todo el poder para que contratara, comprara y distribuyera el combustible para la provisión de todas las dependencias del Estado provincial. Y es allí donde incluso se realizó un sumario administrativo que habría obtenido testimonios que ratificaron todas las sospechas.
Luego de completar la auditoría, el ministerio de Economía confeccionó un expediente con todos los detalles y comprobantes recabados y lo elevó a la Oficina Anticorrupción para que hiciera la denuncia penal correspondiente.
Sin embargo, el Ministerio de Economía continúa con auditorías en el área de la Contaduría, donde a mediados del septiembre fue reemplazado el entonces titular, Aldo Basbús. De acuerdo con la documentación presentada, sólo en un mes, el sobreprecio de la facturación realizada habría ascendido a una cifra que oscilaría entre los 7 y los 8 millones de pesos.