Vicentin: el juez del concurso envió a la Cámara los recursos de apelación y nulidad

Lorenzini dispuso mantener a los directivos de la empresa como administradores, hasta que la Cámara resuelva.

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El juez del concurso preventivo de la cerealera Vicentin, Fabián Lorenzini, envío a la Cámara de Apelaciones de Reconquista los recursos de nulidad y apelación presentados contra la resolución que dispuso que los administradores de la empresa retomen el control de la firma, así como los planteos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 que estableció la intervención.

En el primer caso, el titular del juzgado Civil y Comercial de la 2da nominación de Reconquista concedió los planteos recursivos "con efecto no suspensivo", lo que equivale a mantener a los directivos de Vicentin como administradores de la empresa concursada, hasta que la Cámara resuelva la controversia, informaron fuentes judiciales.

Según la resolución, al conceder los recursos de nulidad y apelación a su resolución del 19 de junio en la que se declaró incompetente para resolver sobre la constitucionalidad del DNU 522/2020, lo hizo con efectos suspensivo, por lo que los interventores designados por el Poder Ejecutivo no podrían cumplir esa función.

Además, el juez denegó los recursos de revocatoria interpuestos por las partes contra su resolución del 19 de junio.En los considerandos, Lorenzini señaló que adoptó esas decisiones en busca de "lograr una pronta respuesta jurisdiccional que brinde seguridad jurídica".

La resolución hace referencia a la existencia de distintos recursos interpuestos por las partes -revocatorias, declaraciones de nulidad y apelaciones-, al fallo que dictó el 19 de junio pasado, por el cual repuso a los directivos de Vicentin en la administración de la empresa y se declaró incompetente para resolver la constitucionalidad del DNU que dispuso la intervención de la compañía concursada.

Según fuentes judiciales, lo que busca el juez es continuar con el concurso preventivo de la agroexportadora, por un total de acreencias cercanas a los $100 mil millones, mientras el tribunal superior resuelve los incidentes en legajos separados del expediente principal.