Inspectora de Personas Jurídicas entregó pruebas para sustentar la intervención de Vicentin

La titular de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, María Victoria Stratta, le remitió al juez a cargo del concurso de la empresa Vicentin, Fabián Lorenzini, un extenso documento a través del cual ofrece pruebas para sustentar el escrito que solicitó la intervención de la firma el 19 de junio pasado.

Sobre uno de los puntos fundamentales, las vinculaciones societarias, Stratta insistió en las participaciones de Vicentin SAIC en otras sociedades y sobre ese particular ofrece como pruebas el "Estado del activo presentado por la concursada en el expediente de concurso" y la página web del grupo Vicentin "donde se demuestra que hace suyas todas las empresas en las que dice contar con participaciones ínfimas". También menciona estados contables no sólo de Vicentin SAIC sino de diversas sociedades de las que forma parte.

Stratta sostiene que "la sociedad cuenta con ejemplares de esos estados contables" y que "habrá de intimarse a su representante legal su presentación, bajo apercibimientos de ley". Además, el escrito indica que "resultan relevantes las notas a los estados contables del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019", haciendo notar que "el plazo de confección y consideración se halla largamente cumplido y su vencimiento operó antes de que se produzcan las limitaciones emergentes de las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional".

Para la IGPJ, "estos estados contables son fundamentales, porque abarcan el ejercicio inmediato anterior a incursión en estado de cesación de pagos" y señala que "lo último que se tiene es el ejercicio 60, cerrado el 31 de octubre de 2018, en el que ni siquiera se vislumbra la hecatombe".

En ese sentido, menciona las proyecciones de inversión presentes en el ejercicio 60, que involucra un importante crecimiento de la firma Renova SA y sostiene que "parece de otra empresa" ese documento, que "está firmado el 15 de febrero de 2019, o sea menos de diez meses antes de la cesación de pagos".

Luego ofrece las actuaciones caratuladas "CFP 268/2020 Sandleris Guido y otros s/defraudación", actualmente en trámite por ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 11 de la ciudad de Buenos Aires, causa que corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 10, Secretaría Número 20.

En esa línea, hace solicitudes similares para causas judiciales que se tramitan ante la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y Lavado de Activos de Asunción (República de Paraguay), y la causa identificada como Case Nº 20-mc-89, Sección 1.782 Título 28 del Código de los Estados Unidos, proceso de asistencia con el fin de obtener evidencia de maniobras y existencia de activos fuera del territorio estadounidense.

Ese pedido es promovido por Coöperatieve Rabobank U.A.; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; ING Bank N.V.; the International Finance Corporation; Natixis, New York Branch; and Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V., contra Vicentin SAIC.

También ofrece como prueba un informe emitido por la Sindicatura General de la Nación el 25 de junio de 2020, referido a la actuación de los interventores designados por el Poder Ejecutivo Nacional, ya que "de su contenido surgen serias falencias en el desempeño de la administración societaria".

Otro de los ítems en los que Stratta enfatiza es en la nómina de directores y síndicos de varias empresas del grupo Vicentin, asentadas en las jurisdicciones Reconquista y Rosario, además de información de la Inspección General de Justicia de la Nación para que informe quiénes son los directores inscriptos de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, ARSA, Sudeste Textiles S.A. y Renopack S.A.