Noel Nardone
La provincia de Santa Fe llega a los 100 días de cuarentena con 407 casos confirmados de coronavirus, y tan sólo cuatro muertes. Se ubica en el sexto lugar dentro de las provincias con más infecciones, pero es una de las menor tasa si se tiene en cuenta que es de las más pobladas. Este relativo éxito temporal en la contención de la pandemia se explica mucho por el pasado santafesino, que desde hace varias gestiones viene priorizando la inversión sanitaria, pero también por el presente, con un gobierno que tomó medidas restrictivas a tiempo y no cedió rápidamente a las presiones de reapertura.
El pasado
Hacia fines de los '80, con Héctor Cavallero como intendente de Rosario, y Hermes Binner como secretario de Salud, comenzó a diagramarse una política de Estado en materia sanitaria, hasta entonces muy centralizada en unos pocos y grandes nosocomios. Así fue como se puso en marcha una descentralización administrativa con centros de distrito que acercaron al Estado a los barrios, y que ya en las gestiones sucesivas, se complementó con medio centenar de centros de salud ubicados en zonas estratégicas para atender la demanda.
A eso se le sumó en algunos casos la remodelación y ampliación, y en otros la construcción desde cero de seis hospitales públicos, destacándose entre ellos el vanguardista Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Pero además se aprovechó una mole de hormigón emplazada en el centro rosarino para construir el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar), que entre otras cosas incorporó un laboratorio que hoy hace los testeos de coronavirus para la región.
Tanto partidarios como opositores coinciden en que el socialismo dejó para Rosario una salud pública con mucha infraestructura, tecnología de alto nivel y personal sumamente capacitado. No por nada la ciudad fue distinguida a nivel internacional por su drástrica reducción en la tasa de mortalidad infantil y en muertes relacionadas con la pobreza. Para eso hizo y hace falta un gran presupuesto en la materia, que todavía se mantiene, un trabajo de complementación con el sector de la salud privada y sobre todo objetivos claros en la materia.
Esta política, consolidada en la ciudad, se llevó a la Provincia con la asunción de Binner en la Gobernación en 2007. Otra vez se planteó la descentralización, en este caso en nodos regionales, y en cada uno se impulsó la construcción de infraestructura sanitaria de primer nivel. Algunos de ellos fueron el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe), el Hospital de Ceres, el de Venado Tuerto, Reconquista, Rafaela, el nuevo Iturraspe capitalino, entre otros.
La llegada de la pandemia
El 16 de marzo se registró el primer caso de coronavirus en Rosario. A partir de entonces, la Provincia aceleró las medidas preventivas que había empezado a tomar con antelación. El buen nivel de desarrollo sanitario provincial llevó a que las nuevas autoridades encabezadas por Omar Perotti solo tuvieran que reforzarlo, especialmente en el sector de camas críticas, que para fines de abril ya se había incrementado en un 47%. Se puso en marcha un plan de relevamiento y control de posibles casos no informados en las barriadas populares para evitar estallidos, se fortaleció la ayuda social a comedores y centros de noche. En Rosario se armó un grupo de 10 mil voluntarios que asiste a adultos mayores, les hace mandados, trámites o les brinda atención psicológica para que no tengan que salir de sus casas.
El temor a un desborde de casos caló en la oposición encabezada por el ex gobernador socialista Miguel Lifschitz, quien finalmente dio luz verde a un paquete de medidas impulsadas por el oficialismo y hasta entonces resistidas. Entre ellas se destaca la toma de deuda por $15 mil millones para infraestructura y equipamiento. Para comienzos de junio, la Provincia había hecho uso de unos $1.100 millones en compras directas a China, fundamentalmente de guantes, barbijos, batas y máscaras.
El argumento para no llamar a licitación fue la situación de emergencia y la falta de proveedores nacionales. El contexto no abrió demasiado la posibilidad de cuestionamientos, y la pandemia había logrado en poco tiempo lo que no había podido la política en varios meses: el trabajo mancomunado entre oficialismo y oposición provincial, algo que se replicó en las principales localidades. Con ayuda de Nación, se empezó a levantar un Hospital Modular pegado al Eva Perón de Granadero Baigorria, aunque su finalización se demoró más de la cuenta.
En Rosario, se armó rápidamente un centro de aislamiento en el predio del Hipódromo, con capacidad para 1200 camas, instalaciones sanitarias y un amplio espacio recreativo. La idea es alojar allí a aquellos con patología leve que por alguna razón no pueden cumplir con el aislamiento en sus domicilios. En la capital provincial se aprovechó el Club de Campo del gremio UPCN con el mismo fin.
Reapertura gradual
En plena cuarentena, se conoció la renuncia del ministro de Salud, Carlos Parola, que algunos achacan a la guerra silenciosa entre dos grupos privados de salud, uno con centro en Rafaela (Tita), y otro en Rosario (Grupo Oroño). Lo cierto es que Parola nunca había sobresalido demasiado públicamente, y quien solía realizar los anuncios sanitarios siempre era Sonia Martorano, que finalmente lo sucedió en el cargo.
Hasta el 22 de marzo había cuatro casos positivos en toda la provincia, pero menos de una semana después ya se contabilizaban 77, y el 3 de abril ya había 160. El 16 de abril se anunció la obligatoriedad del uso de tapabocas en todo el territorio santafesino, una medida que las autoridades reconocieron como aquella que permitió aplanar la curva. El bajo número de nuevos contagios permitió ir habilitando actividades en forma paulatina, con la particularidad de iniciarlas siempre primero en localidades más chicas, dejando para el final a Rosario y Santa Fe.
El 22 de mayo ya estaban habilitadas las salidas recreativas los fines de semana incluso en estas dos ciudades, y para el 8 de junio dieron el ok a la reapertura de bares y restaurantes, que deben cumplir un estricto protocolo como no superar el 50% de ocupación, pedir los datos de los clientes y disponer de medidas de distanciamiento. El 19 de junio reabrieron los shoppings y centros comerciales, aunque también con restricciones. Ya para entonces hacía rato que los comercios podían abrir en horarios vespertinos.
Entre el 24 de abril y el 17 de junio solo se reportaron 51 casos nuevos, pero a partir de ahí hubo un salto: para el 20 de junio ya había 330, tres días más tarde 369 y al 26 de ese mes (último dato disponible) ya son 407. La particularidad es que todos los nuevos infectados son de personas que estuvieron en provincias vecinas, y al regresar, contagiaron primero a familiares y allegados, y luego a otros con quienes tuvieron contacto. En Rosario hubo un pequeño brote por un empleado de la salud que volvió de Capital Federal y en el norte provincial un trabajador que había cruzado de Chaco provocó una ola de casos positivos que todavía no está controlada. Pero el problema más grande está en el sur santafesino, más precisamente en Venado Tuerto y en la pequeña Carreras, donde un transportista ya provocó 56 contagios.
La respuesta del Gobierno fue hacer volver atrás de fase a las localidades afectadas, fortalecer los controles en los ingresos de provincias vecinas y obligar a todo aquel que llegue de afuera a cumplir con 15 de aislamiento. Mientras tanto se monitorea permanentemente la curva, y no se descarta restringir actividades. Hasta ahora, los números indican que hay 407 casos positivos, de los cuales 256 ya se recuperaron, por lo que quedan activos 147. Los fallecidos siguen siendo cuatro.