Enrique Picco, hasta el momento, es candidato a intendente para la ciudad de San Luis por el partido San Luis Somos. Hace unos días impugnaron su candidatura para participar de las elecciones del 10 de noviembre porque fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso por "tentativa de estafa".
Ahora fuentes informaron que el Tribunal Electoral Municipal (TEM) "está estudiando" la impugnación.
Picco es actualmente secretario de Infraestructura de la gestión del intendente actual, Enrique Ponce.
El Chorrillero informó que la impugnación ingresó el pasado 24 de octubre y "no hay una fecha prevista" para que se emita un dictamen sobre el tema, es decir, si hace lugar o no al pedido.
La presentación fue realizada por Francisco Daniel Quiroga porque considera que Picco "se encuentra inhabilitado para postularse como candidato a intendente por las causales de inhabilidad moral".
El 11 de septiembre de 2001, el juez de sentencia, Carlos Varela procesó y condenó Enrique Picco a dos años y medio de prisión en suspenso por el delito de "tentativa de estafa". La condena fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Hace 20 años, tanto el Picco, su padre y sus hermanos contrataron a la abogada Silvia Celi para tramitar la sucesión testamentaria de una tía de la familia, Amelia López.
La abogada dialogó con el mencionado medio digital y explicó que una vez que finalizó su intervención les comunicó que el costo de los honorarios era de $50 mil, pero se "negaron a pagarlos porque consideraban que era una estafa".
Además la acusaron de falsificación de firmas, pero ese planteo fue rechazado posteriormente por un perito caligráfico.
Celi detalló que al no tener novedades del pago, en primera instancia, solicitó una "regulación de honorarios" para determinar cuánto debía cobrar y se fijó una cifra de $200 mil.
Pero al no recibir una respuesta concreta por parte de la familia Picco los denunció por el delito de "tentativa de estafa" tanto en lo Civil como en lo Penal. La causa recayó en el juzgado que estaba a cargo del actual camarista, Jorge Sabaini Zapata.
Tiempo después, la Justicia le dio la razón y condenó al funcionario municipal. Picco promovió recursos ante la Cámara de Apelaciones, pero todos le fueron denegados. Incluso acudió a la Corte provincial, pero tampoco obtuvo respuestas satisfactorias.
Celi recibió una notificación de que la familia Picco quería pagarle el año pasado. "Les estimé el monto calculado a la actualidad y llegamos a un acuerdo. Pero esto es la parte civil, circunstancia que no tiene nada que ver con la resolución penal", concluyó la letrada.
