Apelan la prisión domiciliaria del exconcejal de Orán Ramón Rodríguez

Ramón Rodríguez es un exconcejal de Orán, quien se encuentra acusado de violar a una joven de 22 años a la salida de un boliche. La denuncia fue realizada por una mujer de 22 años que, acompañada de su madre, señaló que el edil cometió el delito junto a un amigo con el que había salido.

La joven relató que el sábado salió a un boliche con Rodríguez y un amigo. Cuando terminó la fiesta, los tres se fueron del lugar a bordo de una camioneta. Relató que en determinado momento el conductor detuvo la marcha del vehículo y el entonces concejal abusó de ella. Y agregó que logró escaparse gracias a la ayuda de personas que pasaban por el lugar.

Tras conocer la denuncia en su contra, Rodríguez se presentó en la Justicia y su amigo reconoció que el conducía la camioneta, donde fue el abuso. Ambos quedaron detenidos. Luego Rodríguez renunció a su cargo como concejal, aunque luego denunció que había sido obligado a renunciar.

El pasado 31 de julio, el juez de Garantías 1, Francisco Oyarzú, otorgó el arresto domiciliario al acusado Ramón Rodríguez. Es por esto que la fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, apeló la resolución con el argumento de que Rodríguez puede escapar o presionar a la víctima y testigos.

Filtrín en su apelación, "no es suficiente argumento para hacer lugar a la medida pedida por la defensa (en alusión a la prisión domiciliaria), que no exista peligro de fuga o de entorpecimiento para la causa por parte del imputado, toda vez que no debe perderse de vista que el delito que se le atribuye a Rodríguez, es grave: abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de participantes", que prevé una pena mínima de 8 años de prisión.

En la misma apelación, la Fiscal advirtió que Rodríguez podría eludir el accionar de la justicia o trasponer las fronteras, (dada la cercanía con Bolivia). Y alertó que el imputado podría entorpecer la causa a través del ejercicio de presión a la víctima y sus allegados; más aun teniendo en cuenta la función pública que ejercía antes del proceso, ya que fue concejal. De hecho, como no detenta ese cargo, la falta de arraigo laboral acrecienta el peligro de fuga.