Lucas Aranda
Luego de confirmar cuatro falsas amenazas de bomba en las últimas dos semanas en Rosario, el Ministerio de Educación de la provincia pondrá en marcha este mes una batería de medidas para evitar que el fenómeno se repita tras el grave perjuicio que ocasionó la ola de llamados a entidades públicas y privadas a lo largo del año pasado.
A la par de las notas que enviarán a directivos y familiares con recomendaciones y advertencias para prevenir las evacuaciones, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) también sigue su propio camino para resolver la situación de aquellos padres que ya fueron acusados formalmente por los casos registrados en 2017.
Si bien algunos se entregaron y todos se pusieron a disposición de la Justicia, la decena de personas que son titulares de las líneas registradas en el 911 se mantienen imputadas en la causa que lleva adelante la Unidad de Investigación y Juicio. El delito por el que son investigados es intimidación pública, una figura que contempla una pena de entre 2 y 6 años de prisión.
"Estamos buscando medidas resarcitorias que tengan que ver con una contraprestación a los colegios afectados, como pintar las aulas o afrontar otras necesidades que puede tener el establecimiento", planteó el fiscal Gustavo Ponce Asahad ante la consulta de La Capital entre las alternativas para llegar a un procedimiento abreviado en vez del juicio oral y público.
Además de los familiares de estudiantes, la Justicia también identificó a un hombre de 56 años que se encuentra en prisión preventiva por amenazas que obligaron a evacuar además la sede local del Gobierno de Santa Fe. Este caso es radicalmente diferente de los anteriores, ya que se trata de una serie de llamados sistemáticos no sólo a escuelas, sino a universidades públicas en los que empleó cuatro líneas diferentes y una decena de teléfonos.