En una sesión sumamente caliente, que incluyó salidas del recinto y denuncias de violación de reglamento, se aprobó el proyecto de Pacto Fiscal entre Santa Fe y Nación, con los votos del Frente Progresista y Cambiemos.
En el reinicio de las sesiones de la Legislatura, la iniciativa fue discutida en primer lugar en la Cámara de Diputados. Un error de cálculo dejó a dos legisladores que iban a votar a favor –el radical Alejandro Boscarol y el diputado de Cambiemos Germán Mastrocola- afuera del recinto.
Cuando se enteraron de la votación, ingresaron a las corridas, pero el justicialismo y otros bloques críticos habían logrado frenar su aprobación. Sin embargo se pasó a un cuarto intermedio y el presidente del cuerpo, Antonio Bonfatti, apeló al reglamento para recomendar una segunda votación con todos los legisladores presentes.
En la segunda vuelta ganó el "sí", lo que provocó la airada reacción opositora. El diputado justicialista, Leandro Busatto, denunció públicamente un "contubernio" para "violentar reglamentos" y darle media sanción a la norma "sin un debate serio".
La propuesta levantó polvareda incluso dentro de un sector díscolo del Frente Progresista, liderado por Rubén Giustiniani, quien consideró que el acuerdo avala "las reformas estructurales del gobierno nacional, con la receta de la vieja concepción liberal de retiro del Estado, apertura de las importaciones y privatizaciones".
Del otro lado, el radical Julián Galdeano defendió el proyecto diciendo que "termina con distorsiones fiscales", mientras que Mas Varela del Pro argumentó que "reordena los impuestos" y "quita cargas" al sistema productivo.
Lo cierto es que tras la media sanción en Diputados, el proyecto tuvo tratamiento exprés en el Senado y se convirtió en ley, a partir –en este caso- del aval de justicialistas que lo apoyaron para "darle gobernabilidad" al Ejecutivo.
¿De qué se trata este pacto fiscal?
Se trata de los lineamientos que bajó Nación a cada Provincia, y que fija nuevas competencias de las jurisdicciones nacional y provincial, limita la autonomía santafesina en materia de Ingresos Brutos, endurece la administración de recursos propios e incluye una reforma impositiva de fondo.
Por otro lado, se espera que ahora el Gobierno nacional cumpla con lo anunciado y pague a Santa Fe su deuda, tal como falló la Corte Suprema de Justicia Nacional en 2015. La misma ascendería a no menos de $50 mil millones, de los cuales hay tiempo hasta el 31 de marzo para determinar forma de cancelación.
