Condenaron al ex rector universitario acusado por defraudación al Estado



Fue sentenciado junto a un ingeniero con el cual habría pergeñado el plan para cobrar mediante un fraudulento amparo judicial bonos adquiridos tras el default del 2001.

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó al abogado y exrector de la Universidad de Lomas de Zamora, Carlos Mario Clerc, y el ingeniero Miguel Ángel Dubarry por el cobro de bonos públicos, adquiridos tras el default del 2001, mediante un irregular amparo judicial.

Los jueces de primera instancia Luciano Homero Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello sentenciaron a ambos a dos años y diez meses de prisión en suspenso. El fallo judicial además rechazó el planteo de insubsistencia de la acción penal, el cual fue presentado por la defensa de Dubarry momentos antes de comenzar el juicio el pasado martes.

La condena resultó menor a la solicitada por el fiscal Martín Suárez Faisa quien en su alegato de clausura solicitó una pena de cinco años para el abogado y exr ector de la Universidad de Lomas de Zamora y de cuatro años para el ingeniero.

La investigación inició en 2005 cuando el entonces subsecretario legal del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, Osvaldo Siseles, denunció en la Fiscalía Federal Nº 1 de Santa Fe, que Dubarry con la asesoría legal de Clerc, cobró una serie bonos de la deuda pública denominados “bocones previsionales”.

Esta maniobra pudo llevarse a cabo a partir del amparo judicial logrado del Juzgado Federal Nº 1 para obligar al Estado a que no pesifique los bonos y que pague la suma de 167.067,68 dólares o, en su defecto, que lo abone en pesos al cambio de la fecha, que por ese entonces fue fijada en 1,40.

El ardid para conseguir esta resolución judicial implicó la incorporación de un hombre de 90 años, suegro de Dubarry.Como en ese entonces había una resolución del Ministerio de Economía que establecía que los bonos previsionales que se encontraban en poder de personas mayores y que tenían riesgos en su salud o en la integridad física, podían cobrarse, terminó sumándolo a una cuenta comitente.

Además, se comprobó la declaración de un domicilio ilegal en la ciudad de Rafaela para poder litigar en la provincia.

Foto: José Busiemi/Uno Santa Fe