Imputaron en libertad al ex jefe de Policía de Rosario por quitarle custodia a edificios públicos

El caso es recordado por la filtración de un audio en el que el ministro Sain le ordenaba que restableciera la presencia de agentes. Luego fue desplazado.

Marcelo Oscar Gómez fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. (Archivo)
Marcelo Oscar Gómez fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. (Archivo)

Tal cual fue establecido por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), este martes fue imputado en libertad Marcelo Gómez, el ex jefe de la Unidad Regional II de Rosario, denunciado por dejar sin custodia edificios públicos a pocas horas de asumido el ministro de Seguridad, Marcelo Saín.

Puntualmente Gómez fue acusado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en grado consumado y en calidad de autor.

Marcelo Oscar Gómez fue denunciado por el ministro Sain. (Archivo)
Marcelo Oscar Gómez fue denunciado por el ministro Sain. (Archivo)

La fiscal Paola Aguirre, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos durante la audiencia hizo referencia a un episodio puntual ocurrido el 13 de diciembre de 2019 cerca de las 13.30 en la sede de la Sub Jefatura de Rosario cuando el imputado, siendo Jefe de la Unidad Regional II instó de forma verbal al jefe de la Agrupación Cuerpos la orden de retirar las custodias de los edificios del Centro de Justicia Penal, el Colegio de Jueces y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), manifestando que dichas custodias serian reasignadas a cubrir otro servicio.

Para la fiscal, Gómez incumplió con la orden emanada por el jefe de la Policía dispuesta desde el 4 de agosto de 2018 disponiendo servicios de custodia y seguridad en edificios públicos precitados.

En la audiencia Aguirre solicitó reglas de conducta para el imputado, prohibición de salida del país y de la Provincia de Santa Fe. La jueza de primera instancia Valeria Pedrana tuvo por formulada la audiencia imputativa rechazando el pedido de la Fiscalía, dictando la fijación de domicilio y poner en conocimiento a la OGJ en caso que deje la provincia o el país.