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Las cuatro personas cometieron el delito de defraudación por uso de tarjeta de crédito o débito falsificada/adulterada en forma reiterada y asociación ilícita. Otro recuperó la libertad y hay un prófugo.

Un padre, sus hijas y el propietario de una financiera fueron detenidos e imputados por estafas con tarjetas truchas en la ciudad de Santa Fe. Además, el juez penal Sergio Carraro dejó tras las rejas a cuatro de los cinco miembros de la banda, que operaba en la ciudad capital y en ciudades aledañas.

Si bien la investigación data de siete meses atrás, la empresa criminal estaba funcionando al menos desde septiembre de 2015. Sólo en esta instancia, la fiscalía expuso 162 hechos con un perjuicio patrimonial por $ 500.000.

Según El Litoral, la medida alcanzaron a Edgardo Fabián Salinas, un financista entrerriano de 41 años, que fue detenido el martes de la semana pasada en Victoria. Un día después fueron apresados dos hermanos –Paola y Camilo Álvarez– en Santo Tomé en el marco de cuatro allanamientos en el barrio Loyola. De los dos, Paola quedó tras las rejas; mientras que Camilo podría recuperar la libertad con alternativas si cubre una fianza real de $ 400.000.

Los otros vinculados al caso son Rocío Alvarez, hermana de los anteriores, y su padre, Juan Carlos Álvarez, quienes se entregaron este martes tras una semana de estar prófugos.

Los cinco fueron imputados por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Omar De Pedro, como coautores de defraudación por uso de tarjeta de crédito o débito falsificada/adulterada en forma reiterada y asociación ilícita en el rol de organizadores.

Con respecto al Camilo Álvarez, el fiscal De Pedro aclaró que “si bien se dispuso una salida alternativa hay que aclarar que es con fianza real de $ 400.000″.

Según el fiscal, “hoy planteamos 162 hechos por un valor aproximado de 500 mil pesos, pero claramente no es lo que realmente ocurría porque ya desde que hicimos la atribución la semana pasada hasta ahora han venido muchos más comercios víctimas por diferentes valores”.

La maniobra que se investiga consiste en la falsificación de tarjetas de crédito con los datos de la banda magnética de un tercero cuya cuenta tenía fondos. Con nombre y DNI propio, los miembros de la organización delictiva realizaban compras y extracciones de dinero que se debitaban de la cuenta de un tercero desconocido.

Si la operación era detectada por el dueño de la tarjeta, las pérdidas eran para el comercio; pero si nadie advertía la operatoria quien se veía perjudicado era el titular de la cuenta.