Preocupación por el aumento de agresiones contra personal de salud de la provincia

La violencia en los hospitales de la provincia va en aumento y desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) manifestaron su preocupación al respecto. Sandra Maiorana, secretaria general del gremio precisó que "todos los días se registra una agresión física o una amenaza. Hay cientos de hechos que no se denuncian ni tienen trascendencia pública". Según referentes gremiales, hay un caso grave por mes, con heridos y detenidos.

Las situaciones son variadas, desde casos de personas adictas o con alteraciones psiquiátricas hasta otros ligados a hechos violentos producidos fuera de los hospitales, que derivan en una pelea incluso dentro del propio efector y con médicos lesionados.

"Imaginate que frente a seis o siete personas es poco lo que un solo agente puede hacer", sostuvo Maiorana antes de remarcar que "incluso muchos uniformados han dicho que si detienen a los agresores, después de pocas horas quedan liberados".

Además, desde Amra señalaron que hay cuestiones ligadas al género. "Cuando el personal de enfermería o médico es mujer, los atacantes llegan a ser más agresivos", dijo la secretaria general a La Capital.

Estas situaciones obligaron a que Amra solicitara una reunión con las autoridades de los ministerios de Seguridad y Salud de la provincia. Allí se definió establecer protocolos de actuación específicos según las localidades.

"Las denuncias son de toda la provincia, y en Rosario el número es mayor. Desde agosto se multiplicaron notablemente", manifestó la responsable del gremio.

"Esto se viene agudizando. El registro que tenemos como gremio, todavía es muy bajo en relación a lo que pasa en realidad. El promedio es de por lo menos 10 casos previos a los que son denunciados", esbozó Maiorana.

Por otro lado, el plan de reforma al Código de Faltas elevado por la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) seccional Santa Fe a las autoridades provinciales en septiembre del año pasado avanzó en la Cámara de Senadores de la provincia. El proyecto contempla el arresto de entre 10 y 40 días para las personas que agredan a personal docente o trabajadores de la salud en su ámbito de trabajo o en las inmediaciones de donde se desempeñan.