El Chaco y Nación trabajarán para atender y prevenir actos de Violencia de género

La vicegobernadora del Chaco, Analía Rach Quiroga, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, firmaron un convenio entre Provincia y Nación para el desarrollo de acciones para la prevención y atención de situaciones de violencia por razones de género. La vicegobernadora confirmó que el 3 de marzo el gabinete provincial encabezado por el Gobernador Capitanich se capacitará en temática de género en el marco de la ley “Micaela”.

Según explicó la ministra Gómez Alcorta, el convenio “busca pensar y trabajar líneas de cooperación en común, y en particular compartir una determinada información que recibimos desde el Ministerio de las Mujeres a través de la Línea 144, que trabaja en todo el país, por razones de violencia de género”. A partir del relevamiento que se realice de las llamadas recibidas a la línea nacional 144 el objetivo es la elaboración de políticas públicas en base a un análisis cuantitativo y cualitativo que la cartera nacional pondrá a disposición de la provincia del Chaco que, a su vez, deberá comprometerse en la difusión de la línea 144, “que es una parte importante de lo que habían sido las políticas hasta el 10 de diciembre pasado en relación a las políticas de violencia por razones de género”.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación aclaró que la línea 144 “va a ser una parte de una política mucho más integral que vamos a llevar adelante a partir de lo que comenzamos a hacer en este momento: la elaboración de un plan nacional integral de violencia por razones de género”. Para ello, reveló que durante el primer semestre de 2020 recorrerán las distintas provincias para escuchar las necesidades y realidades de cada una de las mismas. “La idea es pensar no solamente cómo el Estado debe intervenir frente a la asistencia puntual o para la protección específica de ciertas violencias sino pensar, centralmente, cuáles son las políticas que nos tenemos que dar para prevenir esas violencias por razones de género, que nos atraviesan a todas las mujeres, a todas las identidades diversas”.

“Sabemos, además, que es un tema que tiene que ver con ciertos núcleos de sentido, ciertas miradas culturales que están muy aferradas y que forman parte de la mirada de la cultura machista que nos atraviesa cultural, social e históricamente”, reflexionó.

Gómez Alcorta explicó que el Plan Nacional contra las Violencias es además un mandato legal que tiene el Estado Argentino y el gobierno nacional a partir de la ley 26.485 y advirtió que es necesario modificar “las estructuras desiguales que nos atraviesan en todos los ámbitos de nuestras vidas, en el ámbito del trabajo, educativo, político, judicial, de la salud, familiares, comunitarios”. Y agregó que “nosotras y las diversidades sufrimos situaciones injustas, tenemos menos posibilidades de ejercer y gozar de nuestros derechos a pesar de que estén reconocidos en las normas, en la Constitución, en los pactos internacionales”.

“Tenemos el inmenso desafío, que es una carrera de largo aliento, de modificar esas desigualdades. Y para eso se necesita un compromiso ineludible e inexcusable del Estado. No puede resolverse si no es con una política de Estado no de Gobierno, pero además se necesita el compromiso de los estados locales, provinciales y del Estado nacional”, puntualizó. En ese sentido, subrayó la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de crear un Ministerio de las Mujeres y consideró que “es el único modo de transversalizar las políticas de género”. No obstante, consideró que esas tareas “no son una cosa de las mujeres, de las Secretarías de Género o de los Ministerios de Géneros o de las Mujeres, sino que para modificar estas desigualdades necesitamos un compromiso de todos, todas y todes los funcionarios y funcionarias que trabajen en cualquier ámbito, en deporte, en salud, en educación”. En ese contexto, destacó la importancia de la aplicación plena de la ley “Micaela”, que prevé la capacitación obligatoria de los funcionarios de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La definió como una “ley estratégica”.