El Estado provincial estaría dispuesto a pagar casi 100 millones de pesos para cumplir con la ley de expropiación de los ex Almacenes Ripamonti, más conocidos como "la Recova". El edificio, hoy en ruinas, pertenece a Plaza Recova SA -la sociedad de Luis Alberto García Cullá-, quien había propuesto, una década atrás, construir un hotel, proyecto que quedó trunco y la obra, abandonada. Este miércoles debe decidir si acepta o no la oferta.
¿Qué pasa si no acepta la propuesta? Igualmente, el bien pasaría a manos del Estado. La diferencia sería que se abriría otra instancia judicial en donde se determinaría el valor del bien. Pero ya no la titularidad.
Según diario Castellanos en su edición el martes y este miércoles detalla que son poco más de 97 millones de pesos. Esta cifra será aportada por la provincia en su totalidad. Recordemos que esta ley, que vence el 29 de noviembre, se votó en 2018 y disponía que Municipio y Provincia debían ponerse de acuerdo. Si hubo negociaciones, no fueron públicas.
Cuatro veces en tres años
La discusión sobre el futuro de ese predio tiene muchísimos años. La última vez que se lo usó, luego de la polémica instalación del resto-pub y boliche bailable "Coyote", fue en una feria del libro, en el año 1998.
En la campaña de 2011 se firma un acta compromiso entre el Municipio y García Cullá para avanzar con un proyecto para crear un hotel. El Estado local aportaría, incluso, un millón de pesos (de aquella época) para proteger a los "túneles" o sótanos de los ex Almacenes. Al año siguiente, el Concejo Municipal (sólo con el voto en contra de Víctor Fardín) aprobó el proyecto de eximición del Código Urbano, permitiéndole construir un piso más de lo permitido.
Pero, luego de haber sacado las vigas del techo para permitir el ingreso de máquinas, que se encargarían del pilotaje del edificio, la obra se paró en 2012. Y no se retomó nunca más. Técnicamente, para la Comisión de Patrimonio Urbano, el edificio está en "ruinas". Y la fachada, que es parte del patrimonio santafesino, es casi imposible de recuperar.
A partir de esta situación, comenzó a rondar la idea de una expropiación. En septiembre de 2016, el Concejo Municipal había pedido al Ejecutivo que consiga una cotización. La respuesta llegó en mayo de 2017, por parte de la Cámara Inmobiliaria. En la nota se decía que para dar los valores, se tuvo en cuenta "que el inmueble a tasar posee una escasa superficie cubierta remanente actual, no considerada como una mejora de valor, sobre un terreno de 2.188.70 metros cuadrados, encontrándose en un estado precario de uso y conservación, emplazado en el corazón de la ciudad frente a la plaza central, sujeto a las restricciones municipales, arquitectónicas y del entorno en que se encuentra, analizándose el estado actual del mercado inmobiliario".
El precio que pasaron estaba en pesos, pero con una cotización del dólar notablemente más baja que en la actualidad ($ 15,80, según la cotización del Banco Nación de aquel día). En la nota figuran $ 20.224.000 y $ 20.856.000. En dólares (con la cotización de aquel momento), serían U$S 1.280.000 y U$S 1.320.000. Si se toma el promedio de la cotización en dólares, sería U$S 1.300.000. Unos U$S 100.000 de diferencia con lo que propuso la Provincia. Llevado a pesos, el paso del tiempo duplicó el valor que se deberá abonar.
En junio de 2019, la Junta Central de Valuación de la Provincia de Santa Fe, el organismo que interviene en las tasaciones de los bienes que interesan ser expropiados por el Estado con diferentes destinos públicos, le informó a la Municipalidad de Rafaela cuál es el precio que tiene la expropiación de los ex Almacenes Ripamonti. Esto implicaba unos 52 millones de pesos. El dólar, en aquella época, ya salía $44.60. Si dolarizamos ese monto, sería $1.176.470. Un valor inferior, pero tampoco tan alejado.
Ahora, el Estado provincial estaría dispuesto a pagar 97 millones de pesos. Hoy, la cotización del dólar oficial es de $82 pesos. Si lograra comprar dólares por todo ese monto, $1.182.926. Como veremos, una cotización un poco superior a lo propuesto por la Junta Central de Valuación. Pero, si lo cotizamos con el dolar blue, el costo de que el predio pase al Estado se divide por dos: "sólo" U$S 584.337.
En términos económicos, evidentemente la cantidad de pesos que se debe aportar se mantiene constante si lo vemos en dólares. Este es el momento menos conveniente para cerrar el acuerdo con García Cullá. Otra discusión es la política: ¿es conveniente este momento?
