Quieren que los menores de entre 16 y 18 años que delincan sean acusados por el MPA

Positiva reunión entre legisladores por la seguridad entre diputados provinciales, senadores provincial y nacional, que fueron recibidos por los concejales.

Reunión en el Concejo sobre seguridad con diputados y senadores provinciales y nacionales (Prensa Concejo Municipal de Rafaela)
Reunión en el Concejo sobre seguridad con diputados y senadores provinciales y nacionales (Prensa Concejo Municipal de Rafaela)

El Concejo Municipal de Rafaela recibió en la mañana de este martes a los diputados provinciales Pablo Pinotti (FPCyS - PS), Juan Argañaraz (Somos Vida y Familia), el senador provincial Alcides Calvo y el senador nacional Roberto Mirabella para analizar los diferentes proyectos y miradas respecto a la cuestión de seguridad. Esto forma parte de una "agenda propia" del Cuerpo Legislativo local, que ya incluyó encuentros con el MPA y con la Justicia Federal. 

La reunión se extendió por más de dos horas y hubo un positivo intercambio de opiniones. Incluso, hubo algunas ideas y compromisos para que se comiencen a gestar propuestas comunes sobre este tema tan preocupante.

Lisandro Mársico, como encargado de liderar el Concejo (Germán Bottero está a cargo de la Intendencia, aunque participó también del encuentro), dijo que los ciudadanos les reclamaban a los concejales permanentemente por leyes, en donde ellos no tenían competencia y fue por ello que reclamó "celeridad legislativa". "Hay proyectos que deben ser resueltos en el recinto. Tiene que haber una votación, aunque se pierda. Pero no puede no haberla", dijo el demoprogresista.

Fue una positiva reunión (Prensa Concejo Municipal de Rafaela)
Fue una positiva reunión (Prensa Concejo Municipal de Rafaela)

Uno de los principales puntos estuvo vinculados a los cambios en el Código de Menores. Allí, Alcides Calvo expresó que se pretende que los menores de entre 16 y 18 años no tengan un régimen aparte, sino que se incluyan dentro del Ministerio Público de la Acusación. Dicho sea de otra forma: sería un Fiscal quien impute los dellitos y que los familiares o las víctimas puedan presentarse en la causa como querellantes. Es decir, usar un mismo sistema para mayores y menores imputables, dejando de lado el sistema inquisitivo en donde el juez de menores investigaba y condenaba. 

Para Roberto Mirabella, exvicepresidente de la Cámara de Diputados cuando se dio el debate, "no todos están de acuerdo con esto. Hay opiniones diferentes dentro de cada bloque". A su turno, Alcides Calvo coincidió con esta mirada y dijo "la Justicia tiene que darle la posibilidad de una libertad condicionada. Pero también tienen que haber institutos en toda la provincia que pueda contener a esta parte de la población." "Hoy el tema está en la Cámara de Diputados. Pero somos concientes que tenemos que trabajar en conjunto en ambas cámaras para generar los consensos necesarios para que se modifique la ley".

Reunión en el Concejo sobre seguridad con diputados y senadores provinciales y nacionales (Prensa Concejo Municipal de Rafaela)
Reunión en el Concejo sobre seguridad con diputados y senadores provinciales y nacionales (Prensa Concejo Municipal de Rafaela)

Mirabella insistió respecto a las enormes diferencias en materia de minoridad en todo el mundo: "Uruguay y Brasil marcan la edad de imputabilidad a los 18, como Bélgica. Argentina a los 16, Bolivia, Chile y Paraguay a los 14. En 33 de los 50 estados de Estados Unidos no tienen edad. Esto quiere decir que alguien de 13 años puede ir a la silla eléctrica. Y en Suiza y Trinidad y Tobago, la edad es de 7 años. Evidentemente, no hay unanimidad de criterios al respecto". En este sentido, Lisandro Mársico le requirió a Mirabella que se debata (salga o no aprobado) el proyecto de baja de imputabilidad de Cambiemos de 16 a 15 años.

Por otra parte, elBmencionó que estaban pidiendo que se incorpore a las extraordinarias un proyecto de ley para facultar a los fiscales a que no tengan que cumplir con todos los requisitos (probable autoría o participación punible, que las penas por el delito imputado sea superior a los 3 años y posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación) para poder pedir la prisión preventiva.

También hubo pedidos por mayor cantidad de presupuesto para cámaras de seguridad, centros de monitoreo y personal y móviles para la Unidad Regional V de Policía, la ratificación de la posibilidad de que haya inversiones público-privados en materia de seguridad (como la construcción de cárceles).