Los gremialistas del sector petrolero criticaron este martes el aumento por decreto que estableció el Gobierno nacional para los trabajadores porque, advirtieron, "la suma fija no camina" y rechazaron el llamado del presidente Alberto Fernández para quitar las cláusulas gatillos de las negociaciones paritarias.
“La suma fija no camina. Produce un achatamiento en las categorías hasta que llegan a desaparecer las diferencias”, alertó el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra.
Además, aclaró que en su gremio "no tomaron" el último aumento de 4.000 que fijó la Casa Rosada con el objetivo de establecer una base de referencia para las futuras negociaciones salariales que permita beneficiar a los sectores con mayor pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.
“Creo que habría que buscar otro mecanismo. En este caso, la última que se dio, nosotros no la tomamos, no la aplicamos, seguimos en el marco de la paritaria que es la que nos está dando resultados”, detalló.
Pereyra aprovechó para defender la utilización de la denominada cláusula gatillo, que le permite a los gremios reclamar mejoras para compensar cualquier salto imprevisto de la inflación, más allá del acuerdo paritario que se haya cerrado.
"Nosotros tenemos paritaria cerrada al 31 de marzo. Tenemos una cláusula de revisión para ver la inflación versus salario. Lo venimos haciendo todos los años, para que el compañero trabajador no tenga la pérdida real del salario. Lo venimos haciendo muy bien con los empresarios", destacó.
En declaraciones a radio El Destape, Pereyra tomó distancia del llamado que realizó el presidente Fernández para que los sindicalistas dejen de utilizar ese mecanismo, en el marco de las gestiones oficiales para tratar desindexar la economía.
Sin embargo, el referente de los Petroleros adelantó que en abril se sentarán a negociar con los empresarios para discutir cualquier diferencia que surja a partir de los cálculos previstos en esa cláusula de revisión.
El aumento por decreto que estableció el Gobierno nacional, de 4.000 pesos tanto para el sector público como el privado, también recibió críticas la semana pasada de los representantes de las estaciones de servicio, quienes manifestaron que no pueden afrontar ese pago.
Por la corresponsalía Buenos Aires.