"Fiscalía de Estado es un órgano de control y la ley de Presupuesto establece que para ejecutar sus partidas tiene que pedirle permiso a los órganos que va a controlar. Cuando el que controla tiene que pedirle permiso a los controlados se debilita la autonomía", señaló Fernando Simón quien hoy, en la Legislatura dio detalles en qué gastará los $112 millones que tendrá en el 2018.
Allí defendió su “una pauta austera” para el año que viene, de los cuales $70 millones son para pagar juicios. Pero el encargado del organismo que controla la legalidad de las decisiones del Estado aprovechó el espacio para quejarse por la falta de autonomía a la hora de gastar esos recursos habilitados por el Presupuesto.
