Los primeros días de enero de 2014, una abogada mendocina le dijo a una amiga que se pasaran "un finde" en Reñaca. Al viaje lo hicieron en el Nissan Tiida que la letrada había comprado dos años antes mediante un préstamo en un banco multinacional. Entre los condicionantes de la compra, el banco la obligaba a contratar los servicios de una compañía de seguros.
El 8 de enero, días antes del viaje, la abogada llamó a la compañía para verificar la cobertura de su auto fuera del país. Le enviaron un mail con el certificado de la cobertura y le informaron que contaba con asistencia legal en caso de accidentes y auxilio las 24 horas para llevar el vehículo en caso de siniestro o desperfecto. Le facilitaron dos números 0800 para requerir el servicio de grúa y asistencia legal.
La noche en que llegaron, la abogada conducía por la avenida Borgoño de Reñaca. Guidada por el GPD, giró a la izquierda en un lugar "no permitido". Fue impactada de frente por un Chevrolet Sail, conducido por un chileno. Era la una y media de la mañana. "No importa, tengo todo asegurado", dijo la letrada a su amiga. Pero cuando llamó a los números que le había dado la compañía de seguros, nadie contestó.
La abogada, al otro día, habló con la aseguradora y le indicaron que tenía que ir a una sucursal de Viña del Mar donde le confirmaron que le darían asistencia legal. Le tomaron la denuncia pero le explicaron que la compañía de seguros demoraba más de un mes en confirmar que se podía actuar. El conductor del auto al que chocó, para colmo, solicitó que se le retuviera la licencia y el arraigo del vehículo con prohibición de sacarlo de Chile.
Con la paciencia por el piso, ya en Mendoza, la abogada llevó a los tribunales al banco y a la aseguradora.
En la presentación constan los daños en 38.797 pesos chilenos por servicio de grúa; $ 3.060, pasaje de idas y vueltas a Viña del Mar; $ 711 de llamadas, $ 9.000 por privación de uso y $ 25.000 por daño moral.
La jueza Elda Elena Scalvini, del tercer Juzgado de Paz Letrado, decidió hacer lugar parcialmente a la demanda contra la aseguradora y el banco y condenarlos a abonar 77.771 pesos, más los intereses, una vez que la sentencia esté firme.
Entre los considerandos de la sentencia -que es modelo de estudio en la carrera de Derecho de la Universidad de Mendoza- sobresale la figura del "daño punitivo", toda una revolución en este tipo de fallos.
¿Qué es el daño punitivo?
En ocasiones, el costo que implica para una empresa tener que afrontar una indemnización por el daño que causan a los consumidores, es más barato que lo que le costaría evitar causar el daño. Entonces esas empresas optan por seguir con la conducta dañosa.
Esto ocurre por ejemplo en los hipermercados cuando los consumidores tienen que hacer largas colas en la línea de cajas para pagar lo que compraron. Esto se podría solucionar incrementando el número de cajas. Pero esto significa para el hipermercado tener que aumentar personal, pagar más sueldos, leyes sociales.
Este incremento de gastos le resulta más caro que el pago de una indemnización que podría reclamar un comprador perjudicado. Entonces el hipermercado prefiere hacer que los consumidores sigan soportando las colas, en lugar de incrementar los gastos para evitar el agravio.
