ATE denuncia maltrato laboral en el Ministerio Publico de Defensa

Responsabilizan a Azucena Sanchez, directiva del organismo por hostigamiento y violencia laboral contra dos empleadas. Exigen la designación del Defensor General.

ATE denuncia maltrato laboral en el Ministerio Publico de Defensa
ATE denuncia maltrato laboral en el Ministerio Publico de Defensa

Desde la Agrupación Felipe Varela de ATE y CTA Autónoma La Rioja, salieron a solidarisarse con trabajadoras del Ministerio Publico de Defensa, Maricel Romero y Johana Illanes, que "sufren hostigamiento y violencia laboral por parte de la Dra Azucena Sanchez, directiva del Ministerio Publico de Defensa".

Es por ello, que solicitaron a la Cámara de Diputados, se de cumplimiento al procedimiento de designación del Defensor General, cargo que ocupa Sanchez.

El comunicado oficial

Desde la Agrupación Felipe Varela de ATE y CTA Autónoma La Rioja, brindamos toda nuestra solidaridad a las trabajadoras del Ministerio Publico de Defensa, Maricel Romero y Johana Illanes, que sufren hostigamiento y violencia laboral por parte de la Dra Azucena Sanchez, directiva del Ministerio Publico de Defensa y solicitamos a la Cámara de Diputados, que en el marco del Art. 146 de la Constitución Provincial, se de cumplimiento al procedimiento de designación del Defensor General, cargo que ocupa la Dra. Sanchez de manera inconstitucional ya que no fue designada por la Cámara de Diputados, ni por el Ejecutivo Provincial.
​ El maltrato al que están expuestas nuestras compañeras, implica un comportamiento abusivo que se realiza de manera sistemática contra las trabajadoras, por medio de actos ofensivos reiterados, que lesionan su dignidad e integridad y tiene la finalidad de lograr que las trabajadoras agredidas abandonen su lugar de trabajo.
Estos hechos de maltrato, hostigamiento y persecución laboral suceden hace mucho tiempo y el reclamo por un cambio de actitud por parte de la Dra. Azucena Sanchez son desoídos, impidiendo que las trabajadoras desarrollen sus tareas con normalidad. La violencia laboral a la que están expuestas nuestras compañeras es plena responsabilidad del Estado Provincial e instamos a sus representantes a solucionar esta terrible situación para promover espacios laborales libres de violencia, garantizando el ejercicio de los derechos de hombres y mujeres en condiciones de igualdad.