De qué se trata el acuerdo entre Quinteros y Bullrich para combatir el narcotráfico en Córdoba

En la localidad de San Francisco, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, puso en funcionamiento la Mesa Operativa Conjunta entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales. El acuerdo había sido firmado con su par nacional, Patricia Bullrich, y apunta combatir el narcotráfico.

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El acto contó con la participación de representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Policía Federal Argentina (PFA) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

“Cuando firmamos este convenio con la Nación, lo hicimos con el firme compromiso de empezar a trabajar en conjunto en el tema de seguridad”, expresó el ministro. Y destacó que, desde el primer momento de su gestión, el gobernador Martín Llaryora estableció como prioridad la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.

DE QUÉ SE TRATA EL ACUERDO ENTRE QUINTEROS Y BULLRICH

La función de la Mesa Operativa Conjunta es la de planificar y coordinar las acciones en el territorio provincial, como así también los instrumentos de soporte logístico, de comunicación, de investigación criminal, información y mapa del delito, con el propósito de hacer de Córdoba “un territorio hostil al narcotráfico”, dijo el ministro Quinteros.

El convenio apunta a la complementación y perfeccionamiento en el accionar en materia de seguridad en el territorio provincial mediante el intercambio de información, el seguimiento de la situación, el logro de acuerdos sobre modos de acciones y previsión de operaciones conjuntas y la evaluación de los resultados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 24.059 y sus modificatorias, a la cual adhirió la Provincia mediante la Ley N° 8.831.

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A su vez, el convenio prevé la constitución de una “Mesa Operativa Conjunta” para la implementación de un “Plan de Trabajo Conjunto”, previamente definido a partir de un diagnóstico de la situación de seguridad en el territorio provincial, la determinación de acciones prioritarias, la reasignación de efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad u otros recursos humanos, tecnológicos o materiales.