Por Juan Manuel González
El robo de 72 armas de la Policía de Córdoba camina al borde del precipicio de la impunidad: a más de dos años de que se detectara, en la siesta del 28 de mayo de 2015, la Justicia no pudo, no supo o no quiso determinar quién fue el autor material.
El policía Alejandro Tornavaca, el principal sospechoso del robo, está más cerca de la falta de mérito que del banquillo: no aparecen pruebas que lo vinculen con el tráfico del arsenal desde el corazón de la Policía hacia los confines del hampa.
La ruta del tráfico ubica a la mayoría de las armas en el sudeste de la ciudad, en un cuadrante entre Ciudad de Mis Sueños – Villa El Libertador – Bella Vista – Acosta. En ese trapecio imaginario viven nueve de los 13 imputados por portarlas de manera ilegal. Otras dos armas aparecieron en San Jorge y la última, en Villa Urquiza.
Las 72 armas no se robaron todas juntas, pero tampoco podría confirmarse que se trató de un robo hormiga, como quiso escribir la historia oficial. Casi la mitad de las pistolas fueron sacadas de Jefatura en dos bloques: el más grande fue un lote 25 pistolas, cuyos números van desde 79.876 hasta el 79.900. Hubo otro bloque de 10 pistolas robadas: la serie que va entre los números 791.81 y 79.190. Suman 35 armas, sobre las 72 traficadas.
Cinco meses antes. Alejandro Arizmendi fue detenido en Santa Fe en agosto de 2015, acusado de encabezar una asociación ilícita en la vecina provincia junto a dos delincuentes: José Cardozo y Elbio Pérez. Los tres cumplen condena por robo calificado, privación ilegítima de la libertad y la tenencia de la 9 milímetros N° 9.343.
La Policía de Córdoba informó a la Justicia que esa pistola aparece como extraviada el 18 de diciembre de 2014, es decir cinco meses antes de que la Policía advirtiera formalmente el faltante de pistolas nuevas, y 10 meses antes de que se iniciara la investigación penal por el tráfico de armas.
El inicio. Recién el 28 de mayo de 2015, durante la siesta, surgió en los registros de la Policía que había un importante faltante de armas nuevas, sin estrenar y empacadas en sus cajas. Un día antes, el 27 de mayo a las 11.25, una comisión de policías allanó una casa ubicada en Arica al 400, en Villa El Libertador: seguían la pista de un robo. Bajo una cama fue hallada la pistola Nº 79.889. El número estaba intacto.
Un recolector de Cotreco, David Barrera, dijo que la había comprado atrás de la Maternidad Provincial, en Entre Ríos y Costanera. Declaró que pagó por ella seis mil pesos a un delgado, morocho, de 1,70 metro de estatura y unos 30 años. Y, al reconstruir la compra, dijo que un rato antes, mientras apilaba las bolsas de residuos, el mismo hombre lo había abordado en Corrientes y Centro América, en San Vicente. Y que él dijo que sí, porque le hacía falta para su seguridad. A la 1.30 de ese día no especificado en el expediente, se concretó la operación. Cuando la Justicia pidió a la Policía información respecto de esa pistola, se desató el escándalo que permanecería oculto hasta después de las elecciones presidenciales de ese año.
El precio de las armas bajaría drásticamente en el mercado negro al hacerse público el robo: Daniel Álvarez, un chofer de Ersa que compró en abril de 2016 una de estas pistolas, pagó tres mil pesos, la mitad de lo que había desembolsado el empleado de Cotreco un año antes.
Un transa de barrio San Jorge fue señalado como quien comercializó esa arma (Nº 79.917). Enzo Tejeda, de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, estableció que la ruta de esa pistola llevaba hasta "El Tuerto Cacho", según esa fuerza el amo y señor del narco en el sur de la ciudad, justamente donde aparecieron la mayoría de las armas recuperadas hasta ahora (ver página 4). En la investigación judicial, no es el único cabo que ata al "entorno del Tuerto Cacho" con las armas robadas.
Cuando el tráfico de armas era un secreto, al menos un policía de Armamentos se habría vinculado con un delincuente que decía tener las pistolas robadas en Jefatura, según relataron policías ante los fiscales Hugo Amayusco y Carlos Matheu.
Aunque la identidad de ese presunto ladrón no está en el expediente, en Entre Ríos surgió que esa persona sería "El Diente" Villaroel. Ocurrió en septiembre del año pasado, cuando dos cordobeses fueron detenidos en Paraná, sindicados por la autoría de robos calificados.
La Inteligencia Criminal entrerriana contactó a la Policía cordobesa, y desde aquí se les advirtió que los dos que estaban tras las rejas serían miembros de la banda de El Diente, a quien se vinculaba con el robo de armas (ver “Paraná...”).
En territorio de El Diente, en barrio San Jorge, aparecieron dos de las pistolas robadas: la que tenía Álvarez, el chofer de Ersa, y la que portaba Leandro Maldonado, a quien en febrero de este año se les secuestró la Bersa Nº 79.898 cuando se allanó su casa en el marco de una investigación por robo de autos. El Diente no está imputado, como tampoco lo está C.M., apuntado en la causa como uno de los que movió las pistolas en zona de la ciudad.
En manos de adolescentes. De las armas robadas, tres fueron recuperadas en manos de jóvenes: Claudio Agustín B. (17 años), de barrio Bella Vista, dormía con ella bajo la almohada. Ahí la encontraron los policías que allanaron su casa. Germán Ahumada (18), en cambio, llevaba la pistola policial en el bolsillo de su bermuda cuando fue controlado por un móvil durante una madrugada, en barrio San Lorenzo.
En diciembre de 2015, Carlos Murúa (19), un joven analfabeto que intentó escapar de un control en Villa Urquiza, fue detenido y le secuestraron en La Rioja y Vélez Mariconde la Bersa 79.882, una de las 25 pistolas robadas en tanda.
De las 72 pistolas, al menos una estuvo involucrada en un tiroteo con la Policía: la llevaba Cristian Cuello, de barrio José Ignacio Díaz, cuando en enero de este año se enfrentó tras una salidera en el supermercado A Granel, en Las Palmas. Se trata de la Bersa Nº 28.793, que había llegado al subsuelo de la Jefatura desde la Escuela de Policía para ser reparada, y desde donde fue sacada para armar a la delincuencia local.
