Indagaron a los médicos imputados por el brote en el geriátrico de Saldán

El fiscal, Andrés Godoy, indagó este miércoles a Lucas Figueroa y Marcelo Lázaro, los dos médicos que fueron imputados. Es en el marco de la causa iniciada por el brote de coronavirus ocurrido en el geriátrico Santa Lucía, de Saldán.

Ambos profesionales negaron las acusaciones y se abstuvieron de declarar, ya que aún no tuvieron acceso al expediente. Figueroa está acusado por "propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas" en calidad de autor, y Lázaro por la comisión del delito de "propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas" en calidad de autor.

"En el geriátrico no había elementos de protección, no había alcohol en gel y las manos se las secaban en una toalla comunitaria o en los ambos; solo ponían un rollo de papel por día para secarse las manos. No prepararon adecuadamente al personal. No se definieron las zonas de aislamiento y circulación. No restringieron a tiempo el acceso de visitas, cuando debió hacerse anteriormente"; denunció Figueroa en una carta pública.

En los últimos días hubo numerosas movilizaciones en contra de las imputaciones a ambos médicos, así como también comunicados de distintos colegios profesionales denunciando la criminalización de los profesionales.

Ante los sucesos, el Consejo de Médicos de Córdoba,  había salido al cruce de la acción procesal y acusó al fiscal de abrir "la puerta del miedo y la estigmatización" sin tener en cuenta "los hechos en el contexto adecuado".

"Pasamos del aplauso a pretender encarcelamientos y todo en medio de una pandemia", sentenciaba el comunicado del Consejo.

Por otro lado, tomó estado público que el dueño del geriátrico, Rafael López Peña, es padre del vocal del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña, el abogado más joven en convertirse en vocal.

Es por eso que critican que a López Peña padre, lo desvincularon de las imputaciones de "forma exprés" mientras que los médicos continúan imputados, acusados de no haber aplicado los protocolos de seguridad.

Hernán Gabriel Tagle, abogado de Lázaro, negó que su cliente no haya aplicado los protocolos que regían en aquel momento por parte del COE. "Eso ya fue objeto de una presentación ante la Fiscalía a donde se dan las explicaciones del caso. Se han cumplimentado todos los protocolos ante este tipo de situaciones", indicó a Cadena 3.