La familia de Maldonado insiste con reabrir la investigación

La resolución para reabrir la causa no es inmediata; el Código Procesal otorga 5 días hábiles a los jueces para expedirse, que pueden extenderse a otros 10.

La familia de Maldonado insiste con reabrir la investigación
La familia de Maldonado insiste con reabrir la investigación

Tras la presentación formulada este martes por familiares de Santiago Maldonado en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, con el planteo de que se reabra la investigación por "desaparición forzada y muerte" del artesano, se abre el plazo legal que el tribunal de alzada tiene para expedirse. En efecto, la resolución no es inmediata, sino que el Código Procesal otorga 5 días hábiles a los jueces para expedirse, que eventualmente pueden extenderse a otros 10.

El pedido del hermano de Santiago apunta a revertir la resolución del juez Gustavo Lleral, que cerró la causa el pasado 29 de noviembre.
El pedido del hermano de Santiago apunta a revertir la resolución del juez Gustavo Lleral, que cerró la causa el pasado 29 de noviembre.

El pedido del hermano de Santiago apunta a revertir la resolución del juez Gustavo Lleral, que cerró la causa el pasado 29 de noviembre. El cuerpo del joven fue hallado el 17 de octubre de 2017 en aguas del río Chubut, en zonas que antes habían sido patrulladas varias veces por las fuerzas de seguridad, tras permanecer 78 días desaparecido.

Los querellantes ya anticiparon su decisión de apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de llevar el caso a organismos internacionales.
Los querellantes ya anticiparon su decisión de apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de llevar el caso a organismos internacionales.

"Nadie forzó la desaparición de Santiago. Nadie resultó señalado por la prueba que se colectó –sostiene el fallo de Lleral-. El solo, sin que nadie lo notara, se hundió", afirmó el magistrado. Sin embargo, su familia, encabezada por el accionar de su hermano Sergio y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, junto a otras organizaciones, refuta esa afirmación y sostiene que no hubo una investigación real y objetiva para determinar la responsabilidad de los gendarmes intervinientes, como tampoco de los funcionarios públicos responsables.