La investigación judicial por supuestos aportantes truchos a la campaña es la primera crisis política que le toca enfrentar a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, desde que asumió en 2015.
A pesar de mantenerse tranquila y no considerar a las denuncias como "un escándalo", la gobernadora tomó una decisión dolorosa para ella: echó a la contadora general bonaerense y responsable financiera de la campaña electoral, su amiga Fernanda Inza.
"Puteó a mucha gente por esto, a ministros muy cercanos. Pero alguien tenía que pagar el costo", confesaron desde el entorno de Vidal al diario La Nación. Sin embargo, también señalaron que estas denuncias forman parte de un intento de la oposición por desgastar la imagen de la mujer fuerte de Cambiemos. "Le pegan en los valores que la sostienen: transparencia y honestidad", dijeron sus allegados.
Si bien Vidal y su jefe de gabinete, Federico Salvai, se mantuvieron en contacto con Marcos Peña por este tema, la gobernadora bonaerense no habló con el presidente Mauricio Macri. Sin embargo, el Poder Ejecutivo envió al Congreso una nueva ley de financiamiento político que contempla la bancarización obligatoria de todos los aportes a los partidos políticos.