El recorte en obras públicas, el traslado de los subsidios al transporte y el pase a la provincia de las empresas eléctricas y de agua son los tres factores que harán que el ajuste se sienta fuerte en la Provincia de Buenos Aires. Según cálculos, la gobernadora María Eugenia Vidal afrontará un impacto de entre 30 y 50 mil millones de pesos.
Esos 30 mil millones son, justamente, equivalentes a todo el déficit de la provincia, o a la totalidad de su presupuesto en infraestructura para 2018. Además, se prevé que el ajuste licúe todo el dinero que Buenos Aires recuperó gracias al fondo del conurbano: el año que viene se esperaba que la provincia recibiera 65 mil millones de pesos, pero después de asumir los nuevos gastos, no contará con más de 25 mil millones.
"El segundo semestre va a ser dificilísimo por el parate en la economía posdevaluación, pero el impacto mayor del ajuste pedido por el FMI se sentirá con el presupuesto del año que viene. El objetivo es llegar a 2019", dijo a La Nacion un funcionario que participa de la negociación con Nicolás Dujovne.
La necesidad imperiosa de ajustar se debe a que Argentina se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a reducir su déficit fiscal y para eso deberá ajustar unos 30 mil millones de pesos. El Gobierno Nacional afrontaría 150 mil millones, y las provincias deberán encargarse de la otra mitad.
