Trabajadores de PepsiCo rechazaron ante la jueza el pedido de desalojo de la planta de Florida

Una delegación de trabajadores de la clausurada planta de la empresa alimenticia PepsiCo Snacks, en la localidad bonaerense de Florida, reclamó este lunes por la mañana en el juzgado de Garantías de San Isidro "la anulación del pedido de desalojo y represión" formulado el viernes último por un fiscal.

Los trabajadores solicitaron a la jueza de Garantías número 3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentaste, que "no apruebe el pedido del fiscal Gastón Larramendi, de desalojar la planta".

Los empleados se movilizaron hacia ese centro judicial, en Ituzaingó al 300 de San Isidro, acompañados por organismos de derechos humanos, referentes y delegados de base de varias organizaciones sindicales y polí­ticas de la localidad.

El fiscal Larramendi solicitó el viernes el desalojo de la planta de Florida -que la empresa procura trasladar a la ciudad atlántica de Mar del Plata- y, según los trabajadores y la comisión gremial interna, esa demanda fue impulsada por "la patronal, que está en situación de abierta ilegalidad, ya que fue denunciada por lock out ofensivo, vaciamiento y discriminación total", puntualizaron.

"La empresa, que dejó a 600 operarios en la calle, ya habí­a denunciado a los trabajadores por su permanencia pací­fica y, al final, solicitó a la fiscalía el desalojo violento. Fue un pedido temerario. Larramendi en principio se expidió a favor y, ahora, falta conocer cuál será la resolución de Rodríguez", señalaron.

El martes habrá otra movilización de los operarios hacia los tribunales de San Isidro, a partir de las 9, en tanto los abogados del personal explicaron "la ilegalidad de la empresa, que incurrió en el delito de lock out ofensivo al clausurar la planta de forma previa a la apertura del procedimiento de crisis".

"Esa denuncia fue radicada en los juzgados federales de esa localidad. Los trabajadores solicitaron la incompetencia de la magistrada, quien no debería tener en sus manos el caso. Lo más alevoso fue que la patronal reclamó el desalojo a partir del supuesto peligro de contaminación en la planta. Es decir, adujo su propia infracción a la ley para justificar la fuerza", expresaron.