La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad un proyecto de ley enviado por el poder Ejecutivo que declara zona de "desastre económico y social" la región cordillerana, que conforman Bariloche y Dina Huapi.
En la norma se establece que la emergencia regirá por 180 días, durante los cuales habrá asistencia del Estado provincial a esa región afectada por el impacto que la pandemia del coronavirus causó en su economía, y se le pidió a la Nación que también adopte medidas de ayuda.
Según datos difundidos en un comunicado de las cámaras empresarias vinculadas al turismo, en la zona afectada, cerca de 45 mil habitantes "han visto caer sus ingresos drásticamente, llegando a ser nulos en una alta proporción".
Y es que por el aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto por la pandemia de coronavirus, "se impide la llegada de vuelos, colectivos y todo tipo de transporte, y mantiene las fronteras cerradas, lo que a su vez impide la llegada de turistas de Brasil, Chile, Europa y del resto del país".
El proyecto, que se trató sobre tablas, contó con el aval ce la gobernadora, Arabela Carreras, y en sus considerandos se destaca que "en relación a que los meses de julio, agosto y septiembre constituyen la temporada alta de mayor importancia en la región cordillerana y no hay fecha cierta para la finalización de esta situación".
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— Legislatura RíoNegro (@LegislaturaRN) June 30, 2020
Apoyo unánime al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se declara “Zona de Desastre Económico y Social” a la región cordillerana, que conforman Bariloche y Dina Huapi, por el lapso de 180 días. pic.twitter.com/LX1RhgSsqb
Se resolvió apelar a la figura de "zona de desastre" porque se avisora que "las personas humanas y jurídicas que dependen del turismo no podrán hacer frente a sus obligaciones si no se toman medidas rápidas y concretas para evitar el colapso de gran cantidad de ellas y la consecuente pérdida de las fuentes de trabajo".
En su parte resolutiva, la iniciativa establece facultar al gobierno rionegrino para "conceder los beneficios tributarios, totales o parciales a los contribuyentes" y asimismo plantea que "una vez declarado el estado de desastre Económico y Social, el Poder Ejecutivo Provincial deberá solicitar al organismo nacional competente la adopción de igual decisión en el orden nacional".