Presentaron un proyecto para crear una empresa estatal dedicada a la producción de aceite de cannabis medicinal

La propuesta apunta a que el Estado provea derivados y crear un polo de desarrollo en todo Río Negro.

Imagen ilustrativa
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Un proyecto de la legisladora Daniela Agostino del CC-ARI-Cambiemos propuso crear una empresa estatal que tenga a su cargo la producción y distribución de aceite de cannabis medicinal. Hubo una experiencia previa con la reglamentación del autocultivo, pero la normativa no prosperó. En esta oportunidad, la iniciativa está dirigida a los usuarios de aceites de cannabis, para que no solo puedan conseguirlo sino que sea el Estado quien provea y poder crear un polo de desarrollo para toda la provincia.

Agostino explicó que el espíritu de la normativa prevé la producción y capacitación, además de la incorporación de "todo el recurso humano de la provincia", en referencia a las universidades y organizaciones sociales. Además explicó que existe una experiencia previa en Jujuy, donde el gobierno de esa provincia se asoció con un privado para llevar adelante el proyecto. "Proponemos que sea estatal porque tenemos los recursos humanos para hacerlo", indicó en diálogo con Radio Seis al destacar la capacidad agrícola del territorio rionegrino.

La legisladora afirmó que no se utilizarán las instalaciones del laboratorio provincial de medicamentos (Profarse), aunque no descartó que la distribución quede a cargo de la empresa farmacéutica. También dio a conocer que un proyecto similar se presentó en Neuquén, lo que podría regionalizar la producción.

respecto del acompañamiento recordó que el proyecto original, de regulación del autocultivo, no logró acuerdo con el oficialismo provincial, ni del Ministerio de Salud, pero luego se logró la adhesión a la ley nacional para la investigación y el uso científico del cannabis y derivados. "Cambió el escenario y podemos volver a poner el tema sobre la mesa", indicó. Por otra parte confirmó que el aceite de cannabis se elabora en la provincia, aunque la actividad permanece fuera de los marcos legales. Según publicó Bariloche 2000.