Debatirán el nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en Diputados

Conforme a esto, aquellas personas de 15 años que hayan cometido delitos muy graves, pueden ser se encarceladas.

Imagen ilustrativa
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Un plenario de comisiones debatirá este jueves en la Cámara de Diputados el nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos que conlleven penas superiores a los quince años de prisión.

Las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Adolescencia; y Presupuesta de la cámara baja, presididas por Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), Alejandra Martínez (UCR-Jujuy) y Luciano Laspina (PRO), respectivamente, realizarán el debate esta noche en el segundo piso del anexo "C" de Diputados.

El presidente Mauricio Macri remarcó la importancia de este proyecto para el oficialismo en la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso, al indicar que "es mucho más que la baja de un año en la edad de la imputabilidad para algunos delitos graves".

En ese entonces, el mandatario explicó que "el proyecto le da una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino a convertirse en delincuentes y hay que contenerlos, darles una oportunidad de hacerse responsables de sus actos".

Entre los puntos centrales, el nuevo sistema establece que los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 pasan a tener responsabilidad penal ante delitos castigados con una pena máxima de 15 años de prisión o más.

El texto, que contiene más de 100 artículos, dispone que se tendrá en cuenta el interés superior del adolescente, que se basa en "garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del adolescente".

También contempla el acompañamiento individualizado a cargo de un referente de seguimiento y la formación de equipos disciplinarios integrados por psicólogos, médicos, sociólogos y trabajadores sociales, entre otros profesionales.

Además, establece que la pena privativa de la libertad se hará efectiva en centros especializados de gestión pública cerrados o abiertos.