Esteban Gaitan
En medio de las negociaciones paritarias con los gremios que representan a los docentes universitarios, el Gobierno nacional reconoció que "quedó desfasado" el aumento que se otorgó el año pasado y adelantó que, por ello, en febrero se otorgará un adelanto.
"El acuerdo que hicimos el año pasado quedó desfasado", admitió ante la consulta de Vía País el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, al hacer referencia al impacto en los salarios de la devaluación y de la carrera inflacionaria, que en 2018 acumuló un arrastre superior al 47%. Al respecto, el funcionario nacional reveló que los representantes sindicales de los docentes y del personal no docente de las universidades nacionales solicitó este mes percibir un anticipo a cuenta de la próxima actualización de haberes.
"Solicitaron un adelanto en enero y consideramos que había que darlo para que pudieran tener más dinero en el bolsillo en febrero", detalló el ministro.
El titular de la cartera educativa destacó que ya se llevan adelante las reuniones con los referentes sindicales para tratar de alcanzar un acuerdo sobre el próximo incremento salarial y se mostró confiando en el acercamiento de las posiciones.
"Les hemos dado un adelanto a cuenta para poder saldar la paritaria 2018. La semana que viene y la otra vamos a seguir negociando hasta que podamos llegar a un acuerdo y confío en que se va a dar", explicó.
El año pasado fue uno especialmente conflictivo, en particular en el segundo semestre cuando las 57 universidades públicas de todo el país se negaron a comenzar el segundo cuatrimestre en reclamo de aumentos salariales acordes a la inflación.
Fueron tres semanas de tomas, huelgas y dictado de clases en lugares públicos como Plaza de Mayo que tuvo su momento de máxima tensión el 30 de agosto. Ese día comenzó un paro por 48 horas y se organizó la “Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública”, que a pesar de la intensa lluvia movilizó al Congreso de la Nación a por lo menos 80 mil profesores y estudiantes de todos los niveles educativos.
Esa marcha se dio bajo el lema “La educación del pueblo no se vende, se defiende”, y fue convocada por los gremios Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, UDA, FAGDUT y CTERA y distintas federaciones estudiantiles, pero también participaron otros sectores como agrupaciones políticas y sociales, además de otros sindicatos.
Por entonces, el Gobierno insistía en dar a los docentes un aumento del 15% en tres cuotas, mientras que los sindicatos exigían el 30% y una cláusula gatillo que se ajuste a la inflación.
Finalmente, a comienzos de septiembre, el Ministerio de Educación reconoció que el 15% no era suficiente y llegó a un acuerdo con la mayoría de los gremios docentes. El trato contempló aumentos escalonados de entre un 24 y un 26%, según las categorías docentes, y cláusulas de revisión obligatorias para los bimestres noviembre-diciembre y enero-febrero.
La Conadu Histórica fue el único de los seis gremios que no aceptó por considerar insuficiente la propuesta. “Acordó un porcentaje muy mayoritario de los docentes universitarios. No hay más lugar para que haya paro. Conadu Histórica podrá seguir manifestando su descontento con otro tipo de medidas, pero no paro”, había dicho en conferencia de prensa Alejandro Finocchiaro, el ministro de Educación, que dio por cerrado el conflicto.
Más adelante, en diciembre y tras negociaciones, se acordó el pago de un bono de fin de año para todos los docentes de las universidades nacionales por un monto de entre $ 5.000 para las dedicaciones exclusivas y $ 1.250 en el caso de la dedicación simple, a pagar en dos cuotas (la primera con el aguinaldo y la segunda entre el 15 y el 20 de enero).
Sin embargo, el salario no era el único reclamo de la comunidad educativa, que también denunciaba los recortes en el presupuesto para infraestructuras y retrasos en el giro de dinero para los gastos corrientes.
Y no hay que olvidar que los científicos, muy relacionados con las universidades, se encuentran en conflicto con el Gobierno desde 2016, cuando se conocieron los recortes en el cupo de ingreso a la carrera de investigador del Conicet; la eliminación de varias líneas de subsidio; y numerosos despidos en los institutos nacionales de Tecnología Agropecuaria (Inta) y de Tecnología Industrial (Inti).
En agosto de 2018, en simultáneo con el paro en las universidades y la marcha, los investigadores entregaron una carta a los legisladores para alertarles por el grave estado en que se encontraba el Conicet, en la que aseguraban que, de no tomarse medidas urgentes, “el deterioro provocará la destrucción de grupos de trabajo, la paralización de instrumental muy valioso y el éxodo de científicos, dilapidando de ese modo la inversión que nuestro país realizó a lo largo de muchos años”.