El Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual -un organismo que nació gracias al impulso de madres de víctimas de femicidios- nació en 2011 cuando tuvo media sanción de diputados pero recién en 2013, tras el crimen de Ángeles Rawson (16), se convirtió en ley. La reglamentación llegó cuatro años después cuando otro abusador mató a Micaela García (21) en Gualeguay.
Cinco años después, comenzaron a tomarse muestras de ADN para que los condenados por delitos sexuales figuren en una base de datos y contribuya a resolver casos de todo el país, informó Clarín.
El objetivo de este "registro de violadores", es centralizar la información genética de personas con condena firme por delitos contra la integridad sexual.