El desafuero a Cristina ya tiene fecha de debate en el Senado: miércoles 21 de noviembre. Será justo después del tratamiento del Presupuesto 2019 y diez días antes de la decimotercera cumbre del G20 de Buenos Aires, la primera en Sudamérica.
Así lo acordaron en un encuentro realizado la semana pasada el presidente provisional, Federico Pinedo, y el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, dijeron fuentes parlamentarias a Vía País.
En diciembre del año pasado, el juez Claudio Bonadio dictó la prisión preventiva contra la expresidenta y pidió su desafuero con el fin de avanzar en la investigación por el supuesto encubrimiento del atentado a la Amia, causa iniciada por el fiscal Alberto Nisman, fallecido en dudosas circunstancias el 18 de enero de 2015.
El plazo para que el Senado se pronuncie en el recinto sobre ese pedido judicial vence el próximo 13 de diciembre pero el período de sesiones ordinarias termina el 30 de noviembre. Por eso la sesión está prevista para el 21 de noviembre.
Por el compromiso con sus votantes, Cambiemos no puede dejar caer el pedido judicial, inclusive sabiendo que no reunirá los dos tercios de los votos para aprobar el desafuero porque en el peronismo están en contra de habilitar el desafuero.
En el entorno del hombre fuerte del Senado, Miguel Pichetto, confirmaron a Vía País que "no hay ningún cambio de postura" en el interbloque Argentina Federal respecto del desafuero de Cristina Kirchner.
Según la llamada doctrina Pichetto, el desafuero aplica únicamente cuando sobre un integrante del Senado pesare una condena judicial firme. Cristina, se sabe, está procesada, pero no está condenada en ninguna causa.
Algunos senadores del interbloque que lidera Pichetto, como el salteño Rodolfo Urtubey o el representante de Catamarca, Dalmacio Mera, podrían votar a favor del desafuero, pero la mayoría abraza la doctrina Pichetto.
Por eso, para Cambiemos los dos tercios son imposibles de alcanzar.
La causa
Nisman acusó a Cristina Kirchner, a Héctor Timerman, a Luis D'Elia, a Carlos Zannini y a Fernando Esteche, entre otros dirigentes, de formar parte de un plan para fabricar la inocencia de los ciudadanos iraníes acusados de haber organizado y perpetrado el atentado a la Amia, el 18 de julio de 1994.
Para Nisman, el memorándum de entendimiento fue el pacto de impunidad sellado entre el gobierno kirchnerista y el de Irán: la Argentina iba a beneficiarse del intercambio comercial con el país islámico y a cambio serían dados de baja los pedidos de captura internacional contra los exfuncionarios iraníes sospechados.
En diciembre, la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó la decisión del juez Bonadio de dictar el procesamiento y la prisión preventiva de Cristina y del resto de los acusados.
Salvo Cristina, todos los acusados estuvieron presos y ahora están libres, porque pidieron la excarcelación y se la concedieron. ¿Qué sentido tendría –reflexionan en Cambiemos– avanzar en el pedido de desafuero a la expresidenta si al resto de los imputados ya se los benefició con la excarcelación?
La senadora, de hecho, es la única de los imputados que no requirió su excarcelación. En Cambiemos dicen que no la pidió a propósito, para que el recinto se convierta en un teatro donde montar un show de victimización gratuito. La única que saldrá ganando de todo esto, dicen, es ella.
El desafuero deberá ser debatido directamente en el recinto porque ya venció el plazo para su tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales.
El presidente de la comisión, Dalmacio Mera, confirmó a Vía País que la comisión ya no tiene competencia para dictaminar sobre la solicitud judicial y que, de todas maneras, elevó a la Presidencia del Senado un pedido del senador cordobés Ernesto Martínez de pedirle a Bonadio que amplíe su oficio con los fundamentos para el desafuero y el pedido de detención.