Gabriela Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, pidió rechazar la propuesta de pago que Correo Argentino S.A. le hizo al Estado en junio, en el marco de un concurso preventivo. "El acuerdo equivale a una condonación, es decir una especie de perdón de la deuda, y es abusivo", dijo.
La representante del Ministerio Público Fiscal explicó que implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033, según cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.
Según se informó en la página oficial de los fiscales, Boquín advirtió que un funcionario del Ministerio de Comunicaciones dio el consentimiento al acuerdo en representación de Estado "sin tener competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió instrucciones".
"La familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., que a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.", señaló la fiscal en su escrito. Sin embargo manifestó que, durante el concurso, el juez pidió información sobre la participación del papá del Presidente, Franco Macri, en la compañía y la empresa contestó que no es directivo de Correo Argentino SA ni ocupa cargos gerenciales.
En su dictamen, la Fiscalía -como parte del proceso de homologación- analizó la última propuesta que hizo la compañía en la audiencia de junio del 2016, que se hizo a pedido del Estado Nacional por ser titular del 32,65% del pasivo concursal.
En una ampliación al dictamen, la fiscal general acompañó los cálculos complementarios elaborados por la DAFI. "El porcentaje actualizado de la quita que importa la propuesta formulada al Estado Nacional y el valor presente de la misma calculada en moneda nacional, a saber $70.163.910.895,30 -saldo de la quita a marzo de 2033- y 4.277.659.362,13 -saldo de la quita a febrero de 2017-", detalla el informe.
Gabriela Boquín afirmó que la nueva propuesta que aceptó el Ejecutivo "implica un perjuicio fiscal y perjudica el patrimonio del Estado Nacional".
