El gobierno buscará cambiar la normativa para agilizar los trámites para poder expulsar del país a los extranjeros que cometieron delitos graves, un proceso que hoy suele demorar años por los recursos que interponen quienes delinquieron.
Así lo informó a Télam el subdirector Nacional de Migraciones, Julián Curi, que reveló que entre 2005 y 2015 entraron al país dos millones y medio de extranjeros, mientras que sólo se expulsaron 30 personas en toda la década.
"No queremos cambiar el perfil de un país totalmente abierto a la inmigración, pero si en una década se radicaron dos millones y medio de personas, es imposible que se hayan expulsado sólo a 30, eso quiere decir que no se expulsó a nadie", analizó. Y sostuvo que en 2016 se expulsaron 35 personas, un número todavía bajo en relación a lo que establece la propia ley.
El funcionario explicó que según la normativa actual, Migraciones tiene la obligación de retirar la residencia y expulsar a los extranjeros condenados por delitos con penas mayores a 5 años de prisión, pero en la práctica se hace imposible por los vericuetos del proceso recursivo, al que esta gente apela constantemente y así permanecen en el país por años.
"Están muchos años dando vueltas sin resolución firme, porque el proceso recursivo para discutir la expulsión es extremadamente largo", sostuvo. Cómo ejemplo puso el caso del narcotraficante peruano Marcos Antonio Estrada González, "al que se lo busca expulsar hace 8 años", todavía sin éxito.
"Pero hay muchos casos como ese", explicó, porque en general "los narcotraficantes tienen muy buenos abogados o porque el propio defensor oficial apela". Y agregó que además la ley pide que el delincuente a expulsar brinde su consentimiento, lo que en general no sucede y demora más el trámite.
Citó por ejemplo el caso de un detenido condenado a 5 años de prisión, que en 2 años y medio recibirá el beneficio de la libertad condicional. "Aunque en ese momento migraciones inicie el trámite expulsión, no terminará antes de que se cumplan 5 años y ya esté libre", se quejó Curi.
El funcionario también reveló que la ley no obliga a informar a los juzgados de los extranjeros detenidos. "Están personas están en un limbo o cumpliendo una condena y como no sabemos que están presos, no podemos caducar las residencias".
Finalmente Curi explicó a Télam cuando se hicieron cargo del área, descubrieron que los aeropuertos recibían notificaciones de las búsquedas internacionales de Interpol, pero no estaban conectados on line y en tiempo real con ese sistema de seguridad internacional. "Ahora estamos profundizando los acuerdos de intercambio de información y mejorando los pasos fronterizos y su parque informático", agregó.
