Tras confirmarse que los cuerpos hallados el jueves pasado en una zona rural de Tumaco correspondían a Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, Ecuador ordenó el transporte aéreo para trasladarlos, mientras en Cali se levantó una capilla ardiente.
Llegaron 724 periodistas colombianos, en una protesta por el triple asesinato. Los despidieron con los equipos en el suelo y fue el primero de una serie de actos fúnebres con el que dirán adiós al grupo de trabajadores del diario El Comercio, donde trabajaban. La larga espera por su recuperación termina para las tres familias y la capilla fue el primer encuentro desde el 26 de marzo de 2018, día en que fueran secuestrados en Mataje, Esmeralda, en la frontera, por el grupo armado liderado por Walter Arizala, alias Guacho, cuando realizaban un reportaje para el medio sobre las bandas narcotraficantes.
El Gobierno de Ecuador confirmó, la madrugada del 27 de marzo, que un periodista, un fotógrafo y un conductor de diario El Comercio fueron secuestrados mientras realizaban una cobertura en la frontera. Los captores pretendían la excarcelación de allegados a Guacho presos en Ecuador, a cambio de la liberación de los rehenes.
Medios colombianos divulgaron un comunicado atribuido al frente Oliver Sinisterra el 11 de abril donde informaban que Rivas, Ortega y Segarra fueron asesinados. En el documento se afirmaba que los gobiernos de Ecuador y Colombia "no quisieron salvarle la vida" a los tres ecuatorianos y "se fueron por la vía militar, haciendo desembarcos en varios puntos donde se encontraban los retenidos, lo cual produjo su muerte". Fue recién el 13 de abril cuando se difundió que los tres habían sido asesinados en cautiverio.
Este triple crimen muestra de manera aterradora todo lo que falta para pacificar la zona. Fue un largo proceso hasta recuperar sus cuerpos repleto de angustias, incertidumbres, informaciones erradas o apresuradas y tensiones entre los dos países. Los periodistas se encontraban en una fosa cercada por minas antipersona y ahora vuelven a su hogar, aunque el expediente no está cerrado aún.
Ellos murieron por mostrar lo que pasa en uno de los territorios más conflictivos de Colombia. "He empeñado la palabra del Estado y, por supuesto, de la Fiscalía General de la Nación para manifestarles a las familias que este horrendo crimen no va a quedar en la impunidad", prometió el fiscal Néstor Humberto Martínez. El Gobierno de Juan Manuel Santos firmó, a finales de 2016, un acuerdo con las FARC que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado.
Así, la guerrilla entregó las armas. Pero lamentablemente, la violencia no desapareció y Tumaco, en la frontera con Ecuador, es una zona de bandas armadas, donde reina el Ejército de Liberación Nacional, con narcotraficantes, cárteles internos e internacionales y donde la disputa es por controlar unas 23.000 hectáreas de hoja de coca.
También resta por ver cómo manejarán las autoridades el derecho a la información y los derechos humanos en la zona de frontera, la que representa la mayor amenaza contra la libertad de prensa.
