La defensa del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), Marcelo Balcedo, detenido ayer en Uruguay, aseguró hoy que su defendido dijo que el dinero encontrado por la Policía en su casa de Punta del Este "fue juntado a lo largo de 11 años producto de su radio (Red 92) y su diario (Hoy)".
Juan Fagúndez, abogado de Balcedo, agregó que al gremialista lo conoció este jueves, minutos antes de la audiencia, momento en el que le aseguró que el dinero encontrado ayer en su chacra (U$S 417.000 y 6.000 euros) "era suyo", pero que había sido recaudado durante más de una década.
En cambio, aseguró que, de los autos de alta gama encontrados ayer en el procedimiento, "sólo uno" era suyo.
Respecto a las armas encontradas , Fagúndez señaló que su defendido le transmitió que tenía "todos los permisos para portarlas", pero que "cuando llegó Interpol, incautó todo, incluidos los permisos".
Asimismo, el abogado explicó que el sindicalista y director del diario "Hoy" le aseguró que no había "absolutamente nada vinculado al narcotráfico, drogas, alcohol o Los Monos".
Dijo también que si bien en la orden de detención "hablan de malversación de fondos, asociación ilícita y posible lavado de dinero. Cuando se pide la extradición no se considera ese tema, sino que se decide si se procede al arresto administrativo o no. Al ser un arresto administrativo, lo cumplen encerrados pero no en una cárcel común".
Ese arresto es por 30 días, plazo en el que se espera que llegue el pedido de extradición formal, que incluye el detalle de los delitos que se le atribuyen a Balcedo.
El letrado precisó que lo que se realizó el jueves fue una audiencia donde el Ministerio Público solicitó el arresto hasta tanto llegue la solicitud de extradición y apuntó que "el trámite que tiene que hacer el juez argentino es el pedido de extradición, ya que lo que hay hoy es una detención; tiene 30 días para formalizar la solicitud de extradición".
"Ayer se discutió si iba preso o no. Ahora, cuando se formalice el pedido, se tiene que discutir si se lo envía o no a Argentina en base a cuestiones técnicas: ver si el delito es tal en los dos países", planteó.