Las reformas impositiva y laboral impactan directamente sobre las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales que cobran más de 17 millones de personas.
Según informa Clarín, el cambio más inmediato es la modificación de la ley de movilidad, que ya para el año próximo implicaría aumentos en los haberes en unos 10 puntos inferiores a los que resultaría de mantenerse la actual fórmula. Se estima que en lugar del 24%, los aumentos bajarían al 14 o 16%, y en consecuencia los beneficiarios de esas prestaciones no recuperarían la pérdida de 2016. En total, con ese cambio, el Gobierno pagaría en 2018 entre $ 120.000 millones y $ 140.000 millones menos en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH, entre otras prestaciones.
Las reformas abarcan otros puntos claves:
1. Eliminación del tope de la remuneración máxima, que actualmente es de $ 81.918,55, sobre el que se realiza el descuento previsional a los empleados de salarios altos. De esta forma, ANSeS tendrá mayores ingresos, pero tampoco tendrá un tope el cálculo de la jubilación.
2. Menores ingresos para ANSeS por cambios impositivos, por lo que ANSES podría perder alrededor de $67.800 millones en 2018. "Esto se produce debido a que el organismo dejaría de percibir el 20% de lo recaudado por Ganancias ($128.300 millones), pero recibiría el 30% restante del impuesto al cheque ($60.500 millones)", según el Instituto de Trabajo y Economía. Pero como el impuesto al cheque podría ser tomado a cuenta de Ganancias y en consecuencia podría ir menos dinero a la ANSeS, "el desfinanciamiento a la ANSES podría llegar a los $219.000 millones en 2018".
3. Reducción de contribuciones patronales: la propuesta oficial es pasar del 17% y 21% ( según sectores) de contribución sobre el salario bruto a cargo del empleador a una alícuota única del 19,5% eliminando las diferenciaciones geográficas y distintos programas de exenciones existentes hasta el momento, y se aplicaría no sobre el salario bruto total sino descontando un mínimo no imponible (MNI) creciente que arranca de $ 2.400 hasta ubicarse paulatinamente en 2022 en un valor equivalente al poder adquisitivo actual de $12.000.
4. Juicios de jubilados: ANSeS está apelando los fallos de Cámara de reajustes de haberes de los jubilados que no aceptan los menores índices (Ripte en lugar de ISBIC) de la ley de Reparación Histórica. Están en juego unos 200.000 juicios con diferencias de hasta el 70% en detrimento de los jubilados si el Alto Tribunal le da la razón a la ANSeS. Actualmente el Presupuesto destina unos $ 15.000 millones anuales al pago de las sentencias firmes.
5. Blanqueo laboral: la regularización de trabajadores no registrados podría mejorar la recaudación de la Seguridad Social por los nuevos aportes y contribuciones de los trabajadores blanqueados.
Si se aprueban todos esos cambios, el menor financiamiento de la Seguridad Social obligaría a mayores cambios, entre los que se incluyen un eventual aumento de la edad jubilatoria y una modificación hacia abajo del cálculo de las futuras nuevas jubilaciones.
