El presidente de Cataluña puso en suspenso la independencia para abrir un proceso de diálogo

El presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, se presentó ante el parlamento regional y aseguró que "Cataluña "se ha constituido en un estado independiente en forma de república" pero que busca un proceso de diálogo en el que Europa esté involucrada.

​De este modo, el mandatario reivindicó "el mandato del pueblo catalán de ser independiente", pero lo dejó en suspenso por unas semanas hasta lograr un acuerdo con el gobierno nacional.

En juego está el futuro de un territorio estratégico para España, con una superficie similar a la de Bélgica, con un 16% de su población y un 19% de su Producto Interior Bruto. Y desde Madrid, no piensan quedarse con los brazos cruzados.

La Asamblea Nacional Catalana (ACN), principal organización civil independentista y responsable de las multitudinarias movilizaciones de los últimos años, convocó a sus simpatizantes a reunirse en las inmediaciones del Parque de la Ciudadela, donde está situado el Parlamento catalán, para "avanzar conjuntamente con las instituciones catalanas en la defensa del resultado del referéndum del 1 de octubre".

"El martes 10 de octubre declaramos la independencia", asegura el líder de la ANC, Jordi Sánchez, en un video difundido en Twitter, mostrando la posición inequívoca de la base social, ante las dudas que surgieron en los últimos días en la cúpula del bloque secesionista, especialmente en el PDeCAT, el partido de Puigdemont, de la conveniencia o no de avanzar de forma inmediata hacia la ruptura.

"No tenemos ninguna duda de que se van a cumplir los acuerdos y, por lo tanto, se declarará la República catalana", afirmó por su parte Benet Salellas, diputado del partido anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP), el aliado indispensable del gobierno catalán en el desafío secesionista.

Ante este escenario, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, garantizó este lunes que "hará todo lo necesario", usando los instrumentos de la Constitución y el Código Penal, para impedir la secesión de la norteña región.