Mattia Panza
A tres años del último contacto con el submarino ARA San Juan, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia se apresta a dictar una resolución en el marco de la causa que investiga el hundimiento, con el foco puesto en las responsabilidades políticas del gobierno de Mauricio Macri en el hecho.
El tribunal se expedirá "en menos de dos semanas" respecto de diferentes planteos realizados entre el 29 y 31 de octubre últimos, tanto por parte de las defensas de los seis altos mandos de la Armada procesados en la investigación, como de las querellas que representan a los familiares de los tripulantes.
Las querellas pidieron que se agraven las calificaciones de los oficiales procesados por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, en primera instancia; y también solicitaron que se investigue y se cite a indagatoria al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Defensa Oscar Aguad y al exjefe de la Armada Marcelo Srur, pedido que fue acompañado por el fiscal ante el tribunal, Norberto Bellver.
La audiencia de apelación dejó además impactantes declaraciones del contralmirante Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, al ventilar que las autoridades habían sido advertidas, apenas 20 días después de la desaparición, sobre la localización del submarino en las profundidades por la información que les brindó el buque chileno "Cabo de Hornos".
En diálogo con Télam, el presidente de la Cámara de Apelaciones de Comodoro, Javier Leal de Ibarra, dijo que -tras 25 horas de audiencias- tienen la perspectiva de que "en menos de dos semanas" estará listo el fallo.
"Se trata de la resolución más importante en la historia del tribunal y quizá sea también una de las más importantes en el país hoy, porque se trata de 44 héroes argentinos que murieron", dijo el magistrado que integra el tribunal de alzada que deberá resolver sobre el hundimiento y las responsabilidades penales.
En esa línea, expresó que espera que "en menos de dos semanas" tengan lista la resolución y agregó que la están trabajando con "mucho detenimiento", tras "25 horas de audiencias en las que cada una de las partes hizo su exposición", cuestionando el fallo de la jueza Yañez, que instruyó la causa.
En el fallo de primera instancia que fue recurrido por las partes, la jueza jurisdiccional procesó a seis oficiales, sobreseyó a otros y no señaló responsabilidades hacia el expresidente Macri, el exministro Aguad y el excomandante Srur, como habían solicitado en la apelación los abogados de los familiares.
Además, los querellantes piden que se amplíe la calificación legal a "homicidio calificado con dolo eventual" y que el procesamiento de los jefes navales sea con prisión preventiva, es decir que esperen en la cárcel el juicio oral y público.
Por su parte, la defensa de los oficiales de la Armada imputados pretenden que se les revoque el procesamiento y se los sobresea, bajo el argumento de que no se les puede adjudicar la responsabilidad sobre lo ocurrido por un desperfecto técnico que derivó en la tragedia.
El último contacto con el ARA San Juan fue el 15 de noviembre de 2017 a las 7.30 y la estructura fue encontrada recién un año y dos días después por una empresa privada, con toda su tripulación muerta, muy cerca del punto de desaparición, 600 kilómetros al Este de Comodoro Rivadavia y a 907 metros de profundidad, lugar que -según Mazzeo- había señalado el "Cabo de Hornos" en diciembre del 2017.
Entre su tripulación se encontraba el comandante del submarino, capitán de fragata Pedro Martín Fernández; el subcomandante, capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo; el teniente de navío Fernando Vicente Villarreal (jefe de operaciones), y el teniente de navío Fernando Ariel Mendoza, el tercero en el orden de mando.
También formaba parte de su tripulación la teniente de navío Eliana María Krawczyk, de 34 años, la única mujer de la tripulación y la primera submarinista en obtener el cargo de oficial en la historia argentina.
La causa que se abrió para investigar el hundimiento se caratuló como "López Mazzeo, Luis Enrique y otros por abuso de autoridad y deberes de funcionario público".
En ella la jueza Yañez imputó el delito de "estrago culposo agravado por el resultado de muerte" a Jorge Sulía, exjefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, exjefe de Operaciones del COFS; y a Héctor Alonso, exjefe de Estado Mayor del COFS.
También fueron imputados Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y Eduardo Luis Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.
La apelación en manos de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que integran, además de Ibarra, los magistrados Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman, deberá determinar si sostiene la imputación, si revoca el procesamiento (o dicta sobreseimiento), si agrava la situación de algunos o todos los procesados, si dicta prisión preventiva y si acepta el pedido de la querella y del fiscal para convocar a declaración indagatoria a Macri, Aguad y Srur.
Cualquier decisión que se tome en los próximos días puede ser apelada vía recurso de casación, aunque los especialistas consultados por Télam reconocen que "es una instancia bastante improbable porque no hay muchos antecedentes".
En la audiencia ante la Cámara también se pidió el apartamiento de la jueza Yañez, tema sobre el cual también ya hay antecedentes, toda vez que el abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro Damián, una de las víctimas de la tragedia, realizó un pedido similar y fue rechazado.
El submarino ARA San Juan tenía 66 metros de eslora (longitud desde la proa a la popa) y 7,5 metros de manga (ancho), estructura que fue encontrada casi reducida a la mitad por la empresa Ocean Infinity, como signo de que había implosionado triturada por la presión submarina.