El controvertido fallo de la Octava Cámara del Crimen, que consideró "atípica" la imputación por asociación ilícita de los miembros de la Tupac y ordenó la liberación de Nélida Rojas y su familia, dejó tambaleando la investigación que la fiscal Gabriela Chaves viene llevando a cabo en torno a los desmanejos de la organización social.
A partir de esta situación, el foco viró hacia la investigación federal sobre el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales que las cooperativas de la Tupac manejaron de manera discrecional durante casi una década. Esa investigación también se encuentra estancada, o, mejor dicho, nunca arrancó.
Esto se debe a múltiples razones. En primer lugar, la denuncia en el ámbito federal contra la Tupac de Mendoza la radicó Margarita Stolbizer en Buenos Aires en noviembre del año pasado, pero la causa recién llegó a los tribunales federales mendocinos en marzo, tras la feria judicial.
En esa época, tras llevar a cabo una serie de allanamientos, la fiscal Chaves envió un oficio al Tribunal Federal N°3 anticipando que tenía en su poder una gran cantidad de documentación en la que "podían existir delitos federales", pero por la complejidad de la causa aún no especificaba cuáles eran.
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