Este lunes la puja por fondos federales entre el gobierno nacional y el gobierno porteño llegará al Congreso de la Nación. Un plenario de dos comisiones del Senado empezará a debatir el proyecto de ley enviado por Poder Ejecutivo, en el que se fija una suma de fondos nacionales para ser destinados al servicio de seguridad porteña, a la vez que retrotrae el porcentaje coparticipable de CABA al 1,40% fijado por Duhalde en 2003 y que Macri, siendo presidente, llevó a 3,75% en 2016. Transitoriamente, hasta que se aprueba la ley, el porcentual coparticipable de la Capital Federal queda en un 2,32%, de acuerdo al decreto firmado por el Presidente Alberto Fernández el 10 de septiembre pasado.
El ministro del Interior, Wado de Pedro, sintetizó la posición del Gobierno nacional: "No se le sacaron fondos al Gobierno de la Ciudad, se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada".
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, opino lo contrario: "La decisión del Gobierno Nacional de quitarle fondos de coparticipación a la Ciudad es una medida inconstitucional, improvisada e intempestiva", dijo y esto fue expresado en la demanda presentada anteayer ante la Corte Suprema de Justicia.
Si bien es cierto que con la decisión tomada por el Presidente Fernández la Capital Federal dejará de recibir unos 36 mil millones de pesos anuales (estimación hecha por el gobierno porteño), el gobierno nacional y los gobernadores de 19 provincias sostienen que es la Nación la que recupera esos fondos, cedidos en 2016 por el entonces presidente Macri al distrito porteño.
En la Casa Rosada afirman que la presidencia de Macri, con el porcentual aumentado en 2016, cedió más fondos que los necesarios para garantizar el servicio de seguridad porteña.
El oficialismo cuenta en el Senado con los votos necesarios para blindar por ley la decisión tomada por Alberto Fernández. Posiblemente también los tenga en Diputados. Arabela Carreras, la gobernadora de Río Negro (no integra el Frente de Todos), ya se manifestó a favor del Gobierno nacional en la pulseada. El gobernador del Neuquén, Omar Gutiérrez, cabeza del Movimiento Popular Neuquino, también se plegó al apoyo de los gobernadores peronistas al Poder Ejecutivo en su disputa con el puerto.
El gobernador Juan Schiaretti, peronista que no integra el Frente de Todos, por ahora no se pronunció sobre la puja Nación-CABA. En la Casa Rosada ven la posibilidad de "abrir brechas" en la coalición opositora Juntos por el Cambio al llevar la discusión al Congreso.
El jefe de Gobierno porteño dijo que recibió un llamado solidario del gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés. Lo cierto es que Valdés, hasta ahora, no hizo declaraciones públicas al respecto.
El gobernador de Jujuy, el también radical Gerardo Morales, declaró no compartir el decreto firmado por el Presidente Fernández pero sostuvo que la disputa debía llevarse al Congreso, como finalmente ocurrió. Y dijo más: que lo justo es que la Capital Federal reciba el 1,4% (fijado por Duhalde en 2003) "más el costo de servicio de seguridad transferido por Nación". Ambas cosas plantea el proyecto de ley del presidente Fernández.
Morales también fijó una posición compartida por los gobernadores peronistas. "Las provincias son meras espectadoras de una puja entre Nación, Ciudad y Buenos Aires", por lo que propuso que los excedentes nacionales que dejan de dirigirse a la CABA vayan "a un fondo de desarrollo que se distribuya entre todas las provincias". Por ahora, la provincia de Buenos Aires solo se ha beneficiado con "la recuperación de los fondos nacionales" (según el gobierno nacional) o "la quita de fondos" (según Rodríguez Larreta) a la Capital Federal.
La creación del fondo propuesto por Morales fue mencionado por el Presidente Fernández hace una semana en San Juan.
En el gobierno nacional insisten en que se hizo de “manera ilegítima” el aumento de los fondos nacionales a la Capital Federal decretado por Macri en 2016, a la vez que afirman que el nuevo monto a girar, garantiza el servicio de seguridad porteña.
El gobierno porteño sostiene que aquel aumento de 2016 fue "acordado por la Nación y el distrito porteño", a los fines de cumplir la exigencia constitucional de transferir el servicio de seguridad a la Ciudad con las partidas necesarias para su funcionamiento, y que luego fue rubricado por el Consenso Fiscal de 2017. También se apunta que entre el 22 y el 25% del total de la masa coparticipable lo aporta la Ciudad, recibiendo el 3,5% hasta el decreto de Fernández. "Es el distrito que más diferencia presenta entre lo que aporta y lo que recibe", agregan.
El proyecto de ley del Ejecutivo también impulsa la aprobación de parte del Congreso del convenio de transferencia del servicio de seguridad firmado por Macri y Larreta en 2016.
El Gobierno nacional llevó la discusión al Congreso, el gobierno porteño a la Corte. Fuentes parlamentarias, tanto oficialistas como opositoras, coincidieron en señalar a este medio “que no habrá una pronta resolución” de la controversia sino que se espera “un debate a fondo sobre las partidas coparticipables”. Nadie, en tanto, arriesga cuándo y cómo fallará la Corte Suprema.
Por la Corresponsalía de Buenos Aires