La discusión del proyecto del Poder Ejecutivo sobre la reforma judicial empezó discutirse este jueves en el plenario de dos comisiones del Senado de la Nación. En una sesión virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, durante más de tres horas, se escucharon las opiniones de siete juristas y especialistas en Derecho (todos hombres). Mayormente, la sesión se desarrolló sin cruces altisonantes, y los expositores pudieron exponer sus puntos de vista sobre la iniciativa presentada la semana pasada por el presidente Alberto Fernández.
Entre los especialista hubo unánime coincidencia en la necesidad de modificar el funcionamiento de la Justicia, aunque marcaron diferencias sobre la oportunidad de discutir la reforma. "Los defectos que notamos quizás obedezcan al apuro de encarar el tema frente a la crisis sanitaria que se enfrenta; eso es demostrativo de que no es esta la mejor oportunidad de llevar adelante la reforma", dijo Alberto Garay, profesor de Derecho en las universidades de Buenos Aires, Di Tella y San Andrés.
El abogado Marcos Salt, que destacó aspectos positivos y negativos del proyecto, opinó de manera similar: "No tengo dudas de que hay que reformar la Justicia Federal, sobre todo Comodoro Py", dijo, pero "se debió haber hecho un proceso de discusión más amplio, de meses".
“Ir hacia el sistema acusatorio implica un cambio cultural”, sostuvo Salt y criticó la falta de un “análisis multidisciplinario” para avanzar en la implementación del Código Procesal Penal, donde los fiscales llevan la carga del proceso.
Este punto fue abordado por casi todos los especialistas. "Se van a necesitar más fiscales y más partidas presupuestarias; es anacrónico el proyecto en este sentido y no es congruente con el nuevo Código Procesal Penal", opinó Garay. El senador y exgobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aprovechó para recordar que ese Código no entró en vigencia porque fue suspendido por un decreto del expresidente Mauricio Macri.
El abogado constitucionalista Alfredo Vítolo, al igual que Salt, dijo que el proyecto oficial "no fortalece el sistema acusatorio", y sostuvo que "se pierde especialización y eficiencia" al pasar "el fuero penal económico, que es altamente especializado, al fuero federal".
El abogado y profesor universitario, Emanuel Desojo, en representación de AJUS (Abogados por la Justicia Social) valoró la necesidad de modernizar el funcionamiento de la justicia, y ejemplificó el combate de delitos complejos como el lavado de activos que "no se resuelve cavando en la tierra para encontrar un tesoro". Desojo recordó que una investigación hecha por AJUS y otras organizaciones fue aportada al relator de Naciones Unidas, que se pronunció de manera crítica sobre el gobierno de Mauricio Macri y su relación con la Justicia.
El senador Naidenoff le preguntó a Desojo por su pertenencia política quien respondió que su “militancia” se concentraba en AJUS. Parrilli cuestionó a par. Dijo que le parecía “impropio requerirle a los invitados su filiación política”.
Entre los invitados estuvo Alberto Seijas, titular de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Este órgano emitió ayer una acordada, en la que se calificó algunas partes de la iniciativa como "inconstitucionales".
“Consideramos que es obligación dar cuenta y alertar sobre riesgos al funcionamiento de la justicia; este fue el sentido de la acordada: comunicar al Congreso (nuestro punto de vista) en el marco de la discusión”, argumentó Seijas.
El camarista explicó que el fuero al que representa actúa sobre “los delitos que afectan a la ciudadanía en general como homicidios, femicidios, violación, hurtos” y que el paso de una parte de los juzgados al fuero federal “implica la disolución de la justicia criminal y correccional” porteña. Dijo que la prestación del servicio de justicia “se va a reducir al 50 por ciento”.
También criticó que se use el concepto de “subrogancias” para ocupar los juzgados a crear por ir “en contra del proceso de designación que establece la Constitución”.
El senador Juan Pais y Weretilneck replicaron que se trata de nombramientos "transitorios" y que la selección de los jueces, según el proyecto, atraviesa distintos pasos que incluyen al Consejo de la Magistratura y el Senado. "Los artículos 32 y 33 del proyecto hablan tanto de los recursos necesarios para crear nuevos juzgados como del respeto de los derechos personales y laborales de los jueces", explicó Pais.
Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, sostuvo que la reforma implica "una inversión enorme" y dijo que "mientras se pretende avanzar en el sistema acusatorio, se crean más cargos para jueces que para fiscales" y puso de ejemplo las provincias de Mendoza y Santa Fe. También dijo que le parecía inoportuno tratar el proyecto "cuando la mirada de la sociedad está puesta en otros temas".
Parrilli le preguntó por la acciones de la Asociación de Magistrados ante “la lista de 25 jueces que fueron denunciados por el Poder Ejecutivo (de Macri) como Alejo Ramos Padilla o Luis Rodríguez”. Gallo Tagle dijo que la Asociación “se manifestó en contra de cualquier amedrentamiento”, respuesta que no convenció al oficialismo.
La senadora Rodríguez Machado (PRO), cuando la discusión empezó a transitar el terreno político, recordó el proyecto de "democratización de la Justicia" impulsado durante la segunda presidencia de Cristina Fernández que impulsaba la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura. La senadora Elías de Pérez (UCR-Tucumán) le solicitó a sus colegas que la discusión se acotara al proyecto de reforma judicial a tratar.
El doctor en Derecho recibido en la Universidad de Córdoba y ex titular del Tribunal Superior de Justicia de Chubut, José Raúl Heredia, fue el último de los expositores. Dijo que la reforma le parecía "pertinente, oportuna y urgente; no es una reforma apresurada sino que llega muy tarde". En su opinión, "la mayor reforma que debe emprender el Congreso es alcanzar el juicio por jurado; es muy importante la visión y la participación de la ciudadanía", dijo. El martes que viene, con nuevos expositores, el plenario de Senadores retomará la discusión.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.