La Cámara de Diputados aprobó este martes por la tarde y giró al Senado para su tratamiento, el proyecto de ley que amplia las partidas presupuestarias por un monto estimado en casi 1,9 billón, para solventar el pago de planes sociales, productivos y laborales destinados a paliar la crisis económica como consecuencia del coronavirus.
La iniciativa impulsada desde el Gobierno nacional fue aprobada por 228 legisladores del Frente de Todos, del interbloque Federal y Unidad para el Desarrollo, el Movimiento Popular y un sector de Juntos por el Cambio, mientras que por la negativa se pronunciaron 9 legisladores (siete de Juntos por el Cambio y dos del Frente de Izquierda).
Las abstenciones sumaron 16, de las cuales 15 correspondieron a la Coalición Cívica.
A lo largo del debate, la mayoría de los diputados coincidieron en la necesidad de ampliar el gasto del presupuesto prorrogado del 2019,pero se plantearon controversias entre el oficialismo y la oposición en el artículo séptimo en el que se autoriza la emisión de títulos en dólares para canjear por bonos en pesos.
En los artículos 7 y 8 fueron uno de los pocos que se hizo la votación nominal y allí el resultado fue parejo de 129 a 123 votos.
El proyecto aprobado autoriza al Gobierno a ampliar las erogaciones por un monto cercano a $1,9 billón, con lo que la proyección total de gastos para 2020 superaría los $7,3 billones, con un incremento del 33%.
La ampliación de los gastos se financiarán en parte con recursos de recaudación de impuestos por $ 642.844 millones y el resto con las rentas del Banco Central y uso de fuentes financieras, con lo cual el déficit se ampliará en 1.216.738.000 pesos.
Otro de los puntos que pedían diputados de distintas provincias estaba referido al transporte y allí se decidió crear el Fondo Fiduciario Covid para el transporte del interior que tendrá un monto de 10.500 millones de pesos, que será distribuido por el Ministerio de Transporte.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, aseguró que"el 80 por ciento de la ampliación presupuestaria" será destinado al pago de planes sociales y programas laborales puestos en marcha para paliar las consecuencias de la pandemia de coronavirus.
Heller también defendió el articulo 7 del proyecto al afirmar que "es inaceptable lo que nos dicen que ésto es una dolarización" y aseguró que el objetivo de esa medida es "hacer licitaciones programadas para que titulares de bonos en pesos puedan suscribir instrumentos en moneda extranjera".
En tanto, el secretario de la comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto (Frente de Todos) destacó el acuerdo para crear un fondo para el transporte del interior y señaló que "estamos asignando $ 10.500 millones para el transporte público de pasajeros del interior de la Argentina, fuera del AMBA., que no figuraba en el proyecto original" y recordó que primero se habían incluido 9500 millones y ayer se acordó el ministro Martín Guzman sumar otra partida de mil millones.
Desde Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, dijo que "en la coyuntura actual dominada por la pandemia", su espacio político no estaba dispuesto a que el gobierno no cuente con las herramientas para enfrentar la emergencia".
"Quiero destacar que se aceptaron varios cambios propuestos por la oposición, como por ejemplo el de la partida para el transporte público en el interior del país, que está en crisis y que lleva varios días de paro", añadió.
También criticó los artículos 7 y 8 que permiten que titulares de bonos en pesos puedan suscribir instrumentos en moneda extranjera, ya que"básicamente altera el artículo 65 de la ley de administración financiera", dijo Laspina.
Por su parte, el diputado radical Luis Pastori puso de relieve el tema de las asignaciones a las universidades nacionales, ya que "se asigna un monto global sin distribución por universidad, generando una gran incertidumbre; y debería asignarse esas transferencias a cada una de las universidades nacionales según la proporción establecida por ley para el sistema universitario".
Desde Consenso Federal, el economista Jorge Sarghini dijo que se debe aprobar la ampliación porque como consecuencia de la pandemia "los recursos crecieron en un 25 por ciento mientras que lo gastos lo hicieron en un 75 por ciento debido al derrumbe de la economía" pero lamentó que se incluya el articulo 7 que "pone una nube negra porque determina un privilegio porque dolariza títulos que están en pesos y eso otorga un privilegio".
En tanto, el diputado cordobés Pablo Cassineiro destacó que la creación del Fondo Covid para el transporte publico de pasajeros del interior del país -por un monto de 10.500 millones de pesos- es un "tema que pedíamos y que pudo ser resuelto con el diálogo".
No obstante, se quejó de que "el 65 por ciento de los subsidios se destinen a la región metropolitana".
Más tarde, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de reestructuración de la deuda en dólares emitida bajo legislación argentina.
El plenario legislativo aprobó con 247 votos a favor, contra 2 votos negativos, la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que busca dar un tratamiento igualitario a los títulos emitidos bajo legislación argentina con los de ley internacional.
La sanción del proyecto se produjo en la misma jornada en la que el Gobierno anunció que arribó a un acuerdo con los principales grupos de acreedores de deuda emitida bajo legislación extranjera, por un monto total estimado en alrededor de US$ 66.300 millones.
La iniciativa -que ya contaba con la sanción del Senado- autoriza al Gobierno a llevar adelante el proceso de reestructuración de la deuda en títulos públicos denominados en dólares estadounidenses y emitidos bajo ley de la República Argentina.
Según estipula el proyecto, los tenedores de los Títulos Elegibles que ingresen al proceso que decidan no adherir al canje continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo, en el marco del plan que se encuentra actualmente vigente.
Según un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, el proyecto para la reestructuración de US$ 41.717 millones de títulos en dólares emitidos bajo legislación argentina representará un alivio en los pagos por casi US$ 20.000 millones hasta 2030.
En total, los títulos a reestructurar equivalen al 12,9% de la deuda total del país y a un monto equivalente al 12,5% del PBI del país, de los cuales, aproximadamente, unos US$ 14.700 millones (35%) están en manos de tenedores privados y el resto en distintos organismos públicos (BCRA, FGS, Banco Nación, entre otros).
A lo largo del debate, la mayoría de los diputados de la oposición expresaron su respaldo a la iniciativa diseñada por el Gobierno y destacaron el acuerdo alcanzado este martes con los principales acreedores internacionales, que permitirá aliviar los vencimientos hasta el 2024.
La presidenta de la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, aseguró esta noche que el proyecto de restructuración de la deuda emitida bajo legislación local garantiza el tratamiento "equitativo" de todos los bonistas y dotará al Estado de "más grados de libertad para enfrentar la crisis del coronavirus".
Al exponer como miembro informante en la sesión especial que se realiza de manera virtual, Vallejos dijo que con el proyecto refleja "la mejor oferta que nuestro país está en condiciones de hacer, preservando lo que ha sido el precepto estructurante de toda esta negociación que comenzó con la deuda externa bajo legislación extranjera, que es el principio de sostenibilidad".
En el cierre del debate, el diputado Itai Hagman criticó al gobierno anterior al señalar que "hacían política diciéndole a la gente si no le pagamos a los fondos buitres tenemos que hacer un ajuste fiscal tremendo, lo que marca la perversidad. Pero lo más perverso de todo fue que le pagaron a los fondos buitres e igual después hicieron el ajuste".
"Acá se ha dicho que la Argentina no tiene un plan económico, es paradójico porque es el planteo de los acreedores que, supuestamente no iban a aceptar el acuerdo porque la Argentina no ofrecía un plan económico, y evidentemente no era tan importante", agregó.
En el cierre del debate, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, destacó que el acuerdo anunciado por la madrugada por el Gobierno nos "permite alejarnos del default" y "esto mejora el acceso al financiamiento de Nación, Provincias y sector privado".
"El acuerdo nos demuestra que había un problema de liquidez, porque la quita de capital es chica pero se gana mucho tiempo de plazo", dijo Negri.
"Hemos cumplido con responsabilidad como oposición. Fuimos a las tres citas que nos hizo el Presidente. Apoyamos la ley en febrero que permitió negociar la deuda bajo ley extranjera. Hoy estamos haciendo lo mismo con la deuda en dólares bajo ley argentina. Esta ley ingresó el 16/7 y hoy la sancionamos por unanimidad", apuntó el legislador opositor.
En tanto, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, dijo que "desde el inicio de las gestiones apoyamos el proceso de reestructuración de la deuda porque lo importante era evitar un nuevo período de incumplimiento de nuestras obligaciones, cuestión recurrente histórica en nuestro país. Una vez más, manifestamos nuestro acompañamiento en este proceso que ahora comprende a la deuda tomada bajo ley local".
A su turno, el diputado de Consenso Federal, Jorge Sarghini, dijo que "es rigurosamente bueno que se les equipare a quienes optaron por la deuda con legislación nacional con quienes han tomado deuda con legislación extranjera. Nosotros vamos a acompañar esta medida como bloque".
Por último, el diputado de izquierda, Nicolás del Caño, señaló que "no somos parte del consenso que celebra pagar la estafa macrista. Ahora también se preparan para negociar con el FMI a pesar de que ellos mismos dicen que el préstamo se tomó para que (Mauricio) Macri gane las elecciones" y reiteró que la deuda es "un fraude" y "es imposible pagar sin empobrecer al pueblo trabajador".
Con información de Télam.
