VíaPaís

Desde la Cancillería consideran que es "ilegal" debido a que no cumple los requisitos constitucionales.

El Gobierno argentino dijo hoy que no reconocerá los resultados de la elección para una asamblea constituyente en Venezuela, que calificó como “ilegal” debido a que no cumple los requisitos constitucionales, al tiempo que llamó al presidente Nicolás Maduro a terminar con la represión a opositores y a respetar la voluntad popular para restablecer el orden democrático en el país.

“La elección de hoy no respeta la voluntad de más de siete millones de ciudadanos venezolanos que se pronunciaron en contra de su realización. La Argentina no reconocerá los resultados de esa elección ilegal“, dijo en un comunicado la cancillería argentina.

El Gobierno argentino hace un llamamiento para que el Gobierno venezolano cese la represión de quienes se manifiestan para hacer oír sus voces y para asegurar el respeto de la voluntad popular mayoritariamente contraria a esta elección que sólo procura asegurar la continuidad del actual régimen, violencia que ya ha causado más de cien muertes”, agregó la nota del Palacio San Martín.

Además, reafirmaron que “es necesario un proceso de diálogo de todos los venezolanos-Gobierno y oposición- en libertad y sin restricciones, que permita restablecer el orden democrático, con la vigencia de las instituciones sobre las que se sustenta, incluyendo el llamado a elecciones en todos los niveles”.

Por último, el Gobierno argentino señaló que lamentaba que el Poder Ejecutivo de Venezuela, “desoyendo los llamados de la comunidad internacional, incluyendo el de los países del Mercosur, prosiguiera con la elección a una asamblea constituyente que no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de ese país”.

La elección de constituyentes convocada para hoy por el gobierno de Maduro es rechazada tajantemente por la oposición, que no participa de los comicios.

En tanto, Maduro espera que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) surgida de la elección tenga poderes ilimitados para reformar el Estado y cambiar el ordenamiento jurídico.