VíaPaís

Por Fabián Bosoer (de La Razón).

Se cumplieron en estos días 82 años de un debate parlamentario que contuvo uno de los mayores y más vibrantes alegatos contra la corrupción, el del senador Lisandro de la Torre denunciando los negociados que comprometían a funcionarios y ex altos funcionarios, y durante el cual se produjo el asesinato de otro senador, Enzo Bordabehere. El episodio, que se recuerda en los libros de historia y fue reconstruido en la película Asesinato en el Senado de la Nación, que muchos han visto y recuerdan, quedó asociado a lo que se llamó “la década infame”; los trece años en marcados entre dos golpes militares, mal llamados “revoluciones”: el de 1930 y el de 1943.

En mayo de 1935, una comisión investigadora del Senado presidida por de la Torre presentó un informe que contenía las conclusiones sobre los perjuicios que acarreaba para el país el comercio de carne con Inglaterra tras la firma del pacto Roca-Runciman. El legislador no sólo acusó de fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift, sino que aportó pruebas que comprometían seriamente a dos ministros del entonces presidente, Agustín P. Justo: Federico Pinedo (abuelo del actual presidente provisional del Senado), de Economía, y Luis Duhau, de Hacienda. El informe establecía el trato preferencial que recibían estas empresas que prácticamente no pagaban impuestos y a las que nunca se las inspeccionaba. De la Torre probó además cómo se ocultaba información contable en cajas selladas por el ministerio de Hacienda.

Los debates en el Senado fueron subiendo de tono, hasta que el 23 de julio, un personero a sueldo del Partido Conservador, el ex comisario Ramón Valdez Cora, atentó en pleno debate del Senado contra De la Torre, pero el que murió fue su compañero de bancada de Santa Fe, por el partido Demócrata Progresista, Enzo Bordabehere. Más tarde, el ministro de Hacienda retó a duelo a de la Torre, quien aceptó siendo que el lance se realizó con pistolas, sin que ninguno de los duelistas resultara herido.

Las denuncias de De la Torre no tuvieron mayor efecto pero dejaron al descubierto una trama de intereses de un régimen fraudulento y anti-democrático. De la Torre fue bautizado como “fiscal de la Patria” y terminó con su vida trágicamente. Agobiado, aislado, fuertemente afectado por el asesinato de Bordabehere , renunció a su banca en enero de 1937. Dos años más tarde, en la soledad de su departamento, se quitó la vida mediante un disparo de revólver en el corazón.

Ochenta y dos años después de aquellos debates, la corrupción volvió a ser motivo de atención central en el recinto. A diferencia de aquellos años, ahora hay democracia plena, sin proscripciones y con los tres poderes funcionando. También es cierto que, respecto de aquellos tiempos, la corrupción también ha crecido de distintas formas, sin prevención ni sanción correlativas. Como a fines del siglo veinte, cuando el escándalo por los sobornos en el Senado motivó la crisis del gobierno de la Alianza y precipitó la salida anticipada del presidente De la Rúa. Ahora, a diferencia de aquellos dos momentos que tuvieron al Congreso Nacional como caja de resonancia, es el propio Parlamento el que propició el tratamiento de la corrupción a partir del pedido de expulsión de uno de sus integrantes, el diputado y ex ministro de Obras Públicas Julio De Vido. El debate volvió a dividir aguas, al mezclarse los intereses políticos con la ética pública y la honestidad de quienes asumen responsabilidades de gobierno. El diputado y ex ministro De Vido acumula causas judiciales en las que se examinan delitos penales en el ejercicio de sus funciones. Son cinco procesamientos, 26 imputaciones y más de cien denuncias por hechos de corrupción.

En su alegato se negó a responder por esas causas y denunció una persecusión política. Mientras Elisa Carrió llevó la voz cantante del pedido de expulsión “por infame traidor a la Patria”, De Vido dijo ser “blanco de un plan sistemático de marketing”. Una mayoría del cuerpo -138 diputados- votó por su exclusión, pero no alcanzó los dos tercios necesarios -95 diputados consideraron improcedente sancionarlo- por lo cual De Vido seguirá ocupando su banca de diputado, mientras prosigue la acción de la Justicia. El vaso medio vacío: mientras la Justicia no termine su tareas, seguiremos asistiendo al relativismo político que justifica la corrupción si esta sirve a supuestas buenas causas. El vaso medio lleno: en 1935 era la voz en soledad de un senador la que se alzó para reclamar honestidad republicana. Ahora son muchas más las voces