Las autoridades del Congreso, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, impulsan que las dos Cámaras vuelvan a sesionar pero de una forma inédita, por videoconferencia debido a la pandemia de coronavirus Covid-19.
Entre los proyectos que impulsará el oficialismo en esas sesiones figuran la exención de ganancias al personal de salud y un tributo extraordinario a las fortunas para reforzar las arcas públicas, entre otros.
Por ahora, el Congreso está con una actividad parcial. Por la Cámara de Diputados pasaron doce ministros en las últimas tres semanas dando informes a las distintas comisiones sobre lo que el Poder Ejecutivo está realizando en la pandemia. Por el Senado pasaron solo los titulares de Salud, Ginés González García, y de Trabajo, Claudio Moroni.
"La Cámara de Diputados tiene listo el sistema para sesionar de manera remota", le dijo este miércoles a La Voz un estrecho colaborador de Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.
Massa envió a los presidentes de bloques el borrador de la resolución para sesionar de manera online con “todas las garantías de seguridad y tecnológicas”. Y adjuntó un memo explicativo y un video de funcionamiento de la aplicación que se aplica en una computadora encriptada de cada diputado.
Fernández de Kirchner, en tanto, espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Fuentes del máximo tribunal señalaron a este medio que lo más probable es que no haya una expresión concreta y se le sugiera al Congreso resolver de acuerdo a su reglamento interno.
La jefa del Senado le había pedido a la Corte días atrás que emita una “declaración de certeza” para sentar un precedente judicial en torno a las sesiones virtuales, con el objetivo de bloquear la posibilidad de que haya presentaciones judiciales luego sobre las resoluciones que vaya a tomar el Congreso.
La Corte le pidió una opinión al procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, quien dictaminó que "no es su competencia" dirimir esa cuestión y señaló que una eventual declaración de certeza "representaría una intromisión" de un poder del estado en otro. Por lo que debería ser el propio Congreso quien debe resoverlo.
El Partido Justicialista (PJ) y el bloque de senadores del Frente de Todos se sumaron al pedido de la vicepresidenta a la Corte para que dé aval legal a la realización de sesiones a distancia del Congreso mientras estén vigentes las restricciones para circular por la pandemia. Ahora se espera una respuesta.
Cerca de la vicepresidenta señalan que cualquier expresión de la Corte es importante, porque sentará un precedente judicial. Esto es: si el máximo tribunal dice que determinar la validez de las sesiones virtuales es competencia exclusiva del Congreso, se podría avanzar con un acuerdo político que bloquee futuras causas judiciales contra lo resuelto.
Senadores del bloque del FdT, que conducen José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y la conducción del PJ, a cargo de José Luis Gioja, enviaron un nuevo pedido a la Corte. En ese escrito los abogados Eduardo Wesselhoefft y Jorge Landau insistieron con la necesidad de que el máximo tribunal "despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez de sesionar mediante medios virtuales o remotos".
Mayans explicó, a modo de ejemplo, que representa a Formosa, donde por el momento no hay casos de Covid-19 y que en caso de que participara en una sesión en la ciudad de Buenos Aires, al retornar a su provincia, se transformaría en "un riesgo para la salud pública local". Por ello, los senadores consideraron que "el acceso remoto o virtual, por medio de una plataforma que garantice las adecuadas medidas de seguridad y posibilite la identificación, la plena participación y la transparencia de las votaciones" de los legisladores, "es el método por medio del cual se puede asegurar el funcionamiento del Senado en estos días".
Tensión con la oposición
En Juntos por el Cambio están convencidos que el oficialismo el que fue a la Corte para ejecutar una “maniobra dilatoria” para no sesionar, según el diputado Facundo Suárez Lastra. Y por esto acusan por igual a Fernández de Kirchner como a Massa. Y desde el oficialismo dan explicaciones similares, al entender que el macrismo no quiere tratar el proyecto de ley para un impuesto extraordinario a las fortunas mayores a 3 millones de dólares.
En este escenario, la oposición insiste con sesionar de forma presencial. “Esto se soluciona sencillamente con la decisión política de la presidencia de Diputados de escoger un recinto físico donde sesionar cumpliendo los requisitos que aconsejen los expertos sanitarios en el marco de esta pandemia”, dijo Suárez Lastra.
Los diputados nacionales de la UCR respaldaron el dictamen del procurador Casal. El presidente del bloque UCR y del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri (Córdoba) sostuvo a través de redes sociales: “Tal como era previsible el Procurador aconsejó desestimar el planteo de Cristina Kirchner sobre la legalidad de las sesiones virtuales”.
"Como ya dije, se trata de una sobreactuación de la titular del Senado. Sólo el Legislativo puede establecer cómo sesionar”, apuntó Negri en su cuenta personal en Twitter.
El 15 de abril, por carta, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio le pidió a Massa que convoque para mayo a una sesión informativa de la Cámara Baja con el fin de escuchar el informe sobre la marcha del gobierno del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Entre los lugares que se podrían utilizar para sesionar, según la oposición, están la Sala Sinfónica del Centro Cultural Kirchner (CCK), que tiene una capacidad para 1.950 espectadores sentados; la sala principal de la Usina del Arte, para 1.200 espectadores sentados; o el teatro Colón, con capacidad para 2.487 espectadores sentados.
A su vez, el diputado radical Gustavo Menna (Chubut), vicepresidente 1° de la comisión de Asuntos Constitucionales, dijo: “Clarísimo el Procurador rechazando la acción de Cristina Fernández de Kirchner. No hay cuestión judicial. La potestad de decidir cuándo y cómo sesionar es del Senado. Y algo elemental para quien haya leído el artículo 117 de la Constitución: no hay competencia originaria de la Corte”.
Carla Carrizo, diputada por la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que “la Corte no puede intervenir en las decisiones del Congreso” y juzgó que “a mes y medio de la emergencia, con 21 DNU y decenas de proyectos para aportar y debatir; no hay razones para que los legisladores no sesionen”.
