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El jefe del bloque de diputados del PRO pedirá autorización para desaforarse.

El jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, anunció que pedirá autorización al cuerpo para renunciar a sus fueros de arresto, en medio del pedido de un fiscal para desaforar y detener al kirchnerista Julio De Vido por una causa de malversación de fondos en la mina de Río Turbio.

“En minutos estoy firmando un proyecto de resolución para presentar en la Cámara de Diputados para pedir que el cuerpo me autorice a renunciar a los fueros de arresto. Esto tiene una gestualidad muy importante porque quiero sentar un precedente para que se debata esto con seriedad, no solo por De Vido sino para adelante porque lamentablemente presumo que este no será el último caso”.

El diputado resaltó, de todas formas, que “lo más relevante es que está muy bien que los legisladores anticipemos nuestras posiciones“ sobre si estarían dispuestos o no a votar a favor del desafuero de De Vido si lo requiere la Justicia, pero advirtió que “desaforar a un diputado sirve como posición política pero sirve de muy poco en la medida que tengamos jueces no dispuestos a avanzar con las causas“.

Massot manifestó que “no puede seguir pasando, después de delitos que se han cometido hace ocho, diez, doce años, que sigamos con las cosas inconclusas“ y explicó que la Cámara ôcon dos tercios podríamos expulsar a diputado De Vido o a cualquier otro pero no serviría de mucho sacarle su rol de diputado porque si definitivamente si sigue caminando libremente por la calle, la falla es de la justicia“.

“No puede haber causas de esta naturaleza o con esta urgencia que duerman en los juzgados“, insistió aludiendo, implícitamente, al juez Luis Rodríguez, quien está a cargo de la causa que complica a De Vido.

Massot recalcó que “lo más importante de todo esto es no sólo decirle a la sociedad que no queremos convertir el Congreso en una guarida de impunidad“ sino que es necesario que “respetemos el origen constitucional de los fueros“ que, apuntó, ôfueron pensados para ser una garantía para la libertad de expresión de los legisladores que representan al pueblo“ y no como una garantía para quienes intentar zafar y deben pagar ôpor lo que han hecho“.