El Ministerio de Seguridad aprobó el plan para la prevención de femicidios

El Gobierno nacional aprobó este jueves el Plan Nacional de Seguridad para la Reducción de Femicidios que será enviado al Parlamento como un proyecto de ley que para que sea discutido en los próximos meses.

"Este delito es uno de los principales desafíos que enfrentan los países latinoamericanos en materia de seguridad ciudadana. Desde el Ministerio de Seguridad nos corresponde proteger el derecho fundamental de las personas a vivir tranquilas y seguras", sostiene la resolución 999/2019 publicada en el Boletín Oficial.

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La cantidad de femicidios registrados en 2018 en todo el país descendió en un 12 por ciento respecto al año anterior, y Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Formosa fueron las cuatro provincias que lograron la mayor reducción de casos, según los datos oficiales presentados el miércoles por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

El estudio elaborado por ambos organismos indica que, mientras que en 2017 existieron 313 casos de mujeres asesinadas en contextos de violencia de género, en 2018 ese número descendió a 275, lo que representa una diferencia porcentual de 12,1 puntos.

"Van a ver que lo que hace es generar, con la coordinación de todas las denuncias de todo el país, una reducción del tiempo para evitar esto que está sucediendo, además de impedir que las denuncias se levanten", señaló la ministra al presentar el informe.

Al respecto, aseguró que el plan "va a implicar una baja año por año, si somos consecuentes y consistentes en lograr llevar adelante las políticas que están desarrolladas en ese plan", que va a incluir "medidas de carácter inmediato" en relación a "restricciones, prohibición de acercamiento y de cuidado de las víctimas".

Los puntos claves del plan son: crear un sistema unificado de denuncias policiales por violencia de género; facilitar el acceso a la atención policial de las víctimas de violencia de género; brindar acompañamiento institucional a las denunciantes de violencia de género; promover la atención responsable a denunciantes por violencia de género; mejorar el sistema de investigación criminal ante hechos de violencia de género; y la detención de prófugos por delitos vinculados a la violencia de género.