El Gobierno comenzó a dar de baja pensiones a personas con discapacidad, luego de que el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, aplicara un viejo decreto de 1997.
"Es un grave error lo que están haciendo, invocan a esa resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de "extrema indigencia", lo que se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo", expresó al diario Clarín, Gabriela Troiano, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad y diputada nacional por el partido Socialista.
Según pudo corroborar Clarín en el artículo citado, se quitó la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluida si es la mínima. Y también sufrieron la baja de sus pensiones personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familiar tenga un ingreso formal de $ 21.000.